Amenaza a periodista salteña por investigar un asesinato

 

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La periodista Elena Corvalán denunció haber recibido amenazas por su investigación sobre el asesinato de Liliana Ledesma (foto) y las conexiones con el poder político de la provincia de Salta. La denuncia se basa en correos electrónicos y llamadas telefónicas.

   Las amenazas fueron hechas por una persona que dijo llamarse Viviana y ser “la mano derecha de Delfín Castedo”, quien hoy está preso acusado de haber sido el autor intelectual del asesinato en 2006 de Liliana Ledesma, acuchillada tras haber denunciado actividades del narcotráfico en una finca cercana a la suya en la localidad de Salvador Mazza.

   La denuncia de las amenazas hecha por Corvalán fue caratulada “Autores a establecer s/amenazas”, expediente 18559/16 y quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 2, a cargo del juez Miguel Medina.

   Hasta el 24 de noviembre, “Viviana”, quien le dijo a la periodista que forma parte del estudio de abogados que defiende a Delfín Castedo, la “invitó” a encontrarse para entregarle una supuesta información sobre la causa que llevaría a conocer “la verdad”.

   Según sus dichos, Liliana Ledesma murió no víctima de un ataque dirigido a ella sino por una “pelea de narcos”. Dijo que esta versión tiene sustento en declaraciones de un detenido en el marco de una causa en Bolivia. Sin embargo, esta persona ya murió.

   También le expresó a la periodista se había comprado un celular exclusivamente para comunicarse con ella. Ese día fue el último contacto con Corvalán, quien decidió realizar la denuncia.

   En septiembre de 2006 Ledesma, productora rural, denunció que una finca cercana a la suya, en Salvador Mazza, era utilizada por narcotraficantes. Fue asesinada de seis cuchillazos, uno de los cuales le cruzaba la boca, un mensaje mafioso sobre “cómo pueden terminar quien se atreva a hablar”. En ese momento los trabajadores de radio Noticias y Nuevo Diario de Salta, que investigaban el crimen, recibieron amenazas de muerte por correo electrónico.

   Tres años más tarde, en septiembre y octubre de 2009, el diario El Tribuno, propiedad de la familia del actual senador nacional por el PJ Juan Carlos Romero, publicó varias notas sobre el caso. Afirmaban que este asesinato era el resultado de un “ajuste de cuentas” entre narcotraficantes, un recurso clásico para equiparar a la víctima con sus asesinos.

   El diario de Romero vinculó a Ledesma con el comercio de drogas ilegales, mientras se refería a los hermanos Delfín y Raúl Castedo, acusados de haber encargado este crimen y de actividades de narcotráfico, como productores rurales y de carbón vegetal. En su defensa, los “informes” los daba por “injustamente perseguidos”.

   En octubre de ese mismo año la periodista Elena Corvalán escribió una nota titulada “Periodismo envenenado”, en la que con información disponible en la causa desenmascaró la acción de El Tribuno. Asimismo, estableció vínculos entre el Estado provincial y el crimen de la productora rural.

   Algunos datos que publicó Corvalán y aclaran los hechos: Ledesma estaba enfrentada con Ernesto Aparicio, ex diputado provincial (fallecido en 2013), quien figuraba como propietario de la finca donde trabajaban los hermanos Castedo. Aparicio y los Castedo habían cerrado un camino vecinal e impedían el paso de los campesinos que vivían más al norte. Liliana Ledesma denunciaba este accionar y lo vinculaba con el narcotráfico.

   Aparicio murió en 2013, pero su nombre resurgió en febrero de este año, ligado al narcotráfico. El camión que fue interceptado en Santiago del Estero por Gendarmería con 267 kilos de cocaína oculta en su carga está a nombre del ex diputado, alineado con Juan Carlos Romero, hoy senador nacional, en 2006 gobernador de la provincia de Salta y quien no se mostró muy colaborativo con la investigación del homicidio.

   La madre de la víctima, Élida Romero, denunció que en el primer aniversario del homicidio el gobernador llegó a ofrecerle dinero a cambio de que dejara de insistir con la investigación.