Atentado a la AMIA, 23 años después.

Durante el acto de esta semana por el 23 aniversario del Atentado a la AMIA, Diana Malamud, integrante de la Agrupación de Familiares de Memoria Activa, intervino presentando la actual situación del Juicio de Encubrimiento que se lleva a cabo en Comodoro PY, desde el 6 de agosto del 2015, y planteó una serie de cuestionamientos que incluyen el comportamiento de los medios en esta causa.

 
*Leído por Diana Malamud
Hoy, 18 de julio de 2017, se cumplen 23 años del atentado contra la sede de la AMIA. 23 años de la masacre. 23 años desde ese día terrible en que nos arrebataron a nuestros seres queridos. 23 años desde el día en que los asesinaron. 23 años sin ellos.
Y se cumplen también 23 años de lucha para obtener justicia. Y se cumplen también 23 años de impunidad.
A 23 años del asesinato de nuestros familiares y amigos en la AMIA, Memoria Activa vuelve a decir presente. Como cada año, decimos presente para denunciar la impunidad, esa impunidad que crece y engorda con cada acción e inacción de los responsables de investigar quién los mató. Y que sigue viva, y se expande, con cada acción e inacción de los que se encargaron del encubrimiento.
Durante 23 años, año tras año decimos presente para denunciar la trama de la impunidad.
Presente para denunciar lo que está pasando. Presente porque tenemos derecho a la justicia
Hace unos días se analizó una muestra de ADN que no corresponde a ninguno de los 85 muertos en AMIA.
Recién el año pasado se puso nombre y apellido a la víctima 85.
¿Cómo es posible que hayan tardado 23 años en realizar las pruebas de ADN que Memoria Activa solicitó una y otra vez, durante años?
¿Cómo es posible que hubiera muestras de ADN que no fueron cotejadas con nada? Y baldes con pruebas forenses tirados en la morgue judicial.
¿Cómo es posible que recién ahora estén haciendo a conciencia la reconstrucción del atentado?
Tengamos en cuenta que estamos hablando 23 años después. Tengamos en cuenta que estamos hablando de nuestro derecho a la justicia
Lo que queda claro es lo que venimos denunciando hace 23 años: que nadie investigó nada.
¿Qué hicieron Galeano, sus secretarios, y los ex fiscales Mullen y Barbaccia durante 11 años?
¿Qué hizo Nisman y su fiscalía con casi 50 personas durante 10 años? No hicieron nada.
Nos hemos cansado de repetir esto, pero creemos que aún es necesario, porque no deja de sorprendernos. ¿Cuánta impericia, cuánta desidia, cuánta complicidad pudo haber habido para no investigar nada? ¿Cuantos intereses qué van más allá de lo que podemos imaginar?
¿Qué perseguían todos los responsables de investigar? ¿Por qué no lo hicieron?
¿Por qué Galeano armó una causa falsa para no encontrar a los verdaderos culpables?
¿Por qué Nisman no avanzó en nada de nada?
¿Qué perseguía el gobierno de Menem al dejar el atentado en total impunidad? ¿Por qué la dirigencia comunitaria judía avaló y acompañó el encubrimiento?
Cada audiencia del juicio por encubrimiento escuchamos a algunos de estos encubridores reconocer, a pesar suyo, el desastre que son y que hicieron.
Tengamos en cuenta que estamos hablando 23 años después.
Tengamos en cuenta que estamos hablando de nuestro derecho a la justicia
Hablemos del juicio por encubrimiento.
Juicio que nos costó 12 años de lucha. Los primeros 5 años la causa la cajoneó el juez Bonadío, hasta que logramos que sea apartado. Luego, fue elevada por el juez Lijo a juicio oral.
Se demoró dos años en conformar un tribunal oral, ya que 13 jueces se excusaron, alegando que eran primos, compadres o padrinos de la gran cofradía judicial.
Recordemos quiénes son los imputados y de qué se los imputa: Carlos Menem, ex presidente de la Nación; Hugo Anzorreguy, ex secretario de Inteligencia del Estado; Juan José Galeano, ex juez de la causa; Eamon Mullen y José Barbaccia, ex fiscales del caso; Rubén Beraja, ex presidente de la DAIA; Juan Carlos Anchezar, ex subsecretario de la SIDE; Patricio Finnen, ex agente de la SIDE; Carlos Castañeda y Jorge Fino Palacios, ex comisarios de la Federal; Víctor Stinfale, abogado de Telleldín; Carlos Telleldín, último poseedor de la Trafic y Ana Boragni, pareja de este último.
Recordemos que estamos hablando de que existieron maniobras de encubrimiento desde lo más alto del poder para cerrar la causa AMIA con culpables falsos. Recordemos que hicieron todo lo que estaba a su alcance para que jamás sepamos quiénes, cómo y por qué volaron la AMIA.
Recordemos que se los acusa de haber instigado el encubrimiento, de abuso de autoridad, falsedad ideológica, peculado, desvío de pistas, pagar para desviar la investigación, privación abusiva de la libertad, coacción, prevaricato, brindar aporte funcional para consolidar la cobertura de maniobras ilícitas, y recordemos además que quemaron pruebas, apretaron testigos, hicieron desaparecer los 66 casetes con las escuchas a Telleldín, mandaron los escombros de AMIA al relleno del Río de la Plata.
Y recordemos, aún sigue en trámite una segunda parte del encubrimiento que incluye a los ex secretarios del juzgado de Galeano, entre otros.
Pese a todas las maniobras y a los apoyos que recibieron, finalmente, el día 6 de agosto de 2015, logramos que el juicio por encubrimiento al atentado a la Amia dé inicio. Cuatro meses después, hubo un cambio de gobierno.
Inmediatamente de asumir la presidencia de la Nación, el presidente Macri le da rango de Secretaría a la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, y pone a Mario Cimadevilla a cargo de la misma. Esta medida, que pensamos promisoria, resultó lo contrario.
Esta Secretaría propone el juicio en ausencia de los iraníes imputados en la causa. Como denunciamos el año pasado, un juicio en ausencia que condene a seres invisibles, no proporciona verdad ni justicia.
El juicio en ausencia, avalado también por el Ministro de Justicia Germán Garavano, es un nuevo armado con la finalidad de cerrar la causa AMIA sin ningún preso ni responsable.
Para peor Macri acaba de firmar el decreto 229 por medio del cual van a quedarse con toda la información de inteligencia de la causa AMIA, con el objetivo de impedir la tarea investigativa que los fiscales y el equipo Gerard de la fiscalía están llevando a cabo. Quieren impedir que las partes tengamos acceso a esa información. ¿Qué nos ocultan? ¿Qué no quieren que se sepa? ¿A qué le temen? No quieren que se descubra nada.
El Poder Ejecutivo, a través del Ministro de Justicia y la Secretaría AMIA, no solo intenta cerrar la causa principal AMIA. Se propone también salvar a los imputados, amigos del poder, en el juicio por encubrimiento.
En marzo de este año, los abogados querellantes que representaban al Estado a través del Ministerio de Justicia, renunciaron a sus cargos. Los doctores Mariana Stilman y Ezequiel Strajman declararon que su renuncia se debió a las instrucciones del Ministro de Justicia, para que se actúe menos activamente en ese proceso judicial. La letrada denunció: “Los cambios ordenados en nuestra querella están directamente relacionados con el criterio disímil que se me ha planteado en cuanto al rol y la actividad que debe tener esta parte acusadora. Considerando la suscripta que dicho rol debe ser suficientemente activo como para llegar a la verdad de los hechos investigados, plagados de numerosas irregularidades cometidas – 20 años atrás – por funcionarios del gobierno y judiciales. Entiendo que, de lo contrario, podría generarse la defensa de intereses opuestos.”
Este gobierno ordenó a sus abogados que dejaran de trabajar para obtener justicia.
Si esto no es encubrimiento, que alguien nos explique qué es.
Denunciamos que el gobierno del presidente Macri intenta, por medio de todas estas medidas, perpetuar la impunidad.
Tengamos en cuenta que estamos hablando 23 años después.
Tengamos en cuenta que estamos hablando de nuestro derecho a la justicia
Tengamos en cuenta que seguiremos adelante con la causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y esperamos ver al Estado Nacional en el banquillo de los acusados ante la Corte Interamericana de San José de Costa Rica por no haber cumplido los compromisos asumidos.
No cumplieron, no cumplen.
Tengamos en cuenta que estamos hablando 23 años después.
Esperamos condenas ejemplares para todos los encubridores que hoy están acusados.
Esperamos que el Tribunal Oral Federal Nº2 imparta justicia, con todo lo que eso implica.
Esperamos que haya condenas que sirvan para demostrar que no se puede hacer cualquier cosa sin consecuencias.
23 años después es muy difícil explicar el irreparable daño que el Estado argentino les infringió a las víctimas de este macabro atentado, los muertos, los heridos, a los familiares y amigos, a la sociedad toda, por la falta de protección, por la denegación de un derecho tan básico, tan elemental pero tan importante, nuestro derecho a la justicia.
Difícil saber lo que son las vidas marcadas por tanto horror y tanta impunidad, aunque sigamos adelante y estemos de pie, siempre de pie gritando y exigiendo y enfrentando tanto vericueto judicial, tanta malicia, soberbia e impericia, tantos intereses que impiden la verdad y la justicia.
Estamos y estaremos atentos, atentos y presentes.
Estaremos atentos y seguiremos exigiendo lo que es nuestro derecho: verdad y justicia.