Colombia: matanzas y censura

Dirigentes sociales y comunitarios, militantes de derechos humanos e indígenas están siendo masacrados implacablemente en Colombia por fuerzas estatales, paraestatales y grupos ilegales tolerados por el gobierno de Juan Manuel Santos, en un país donde la circulación de la información y la opinión está muy por debajo de los estándares democráticos.

   En rigor, el condicionamiento y la censura a la información, como la que concierne a estas matanzas, abarca a las noticias que medios internacionales, sobre todo estadounidenses y europeos, emiten desde Colombia, lo que crea en los demás países, incluyendo los latinoamericanos, la imposibilidad de acceder al conocimiento de lo que está sucediendo en esa nación.

   El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una organización no gubernamental creada en 1984, difundió a comienzos de febrero un informe que expresa que al menos 27 líderes sociales, como los llama, fueron asesinados durante enero en once departamentos (estados o provincias) del país.

   La misma entidad, junto con el movimiento Marcha Patriótica, informó que entre el primero de enero y el 10 de febrero de 2018 fueron asesinados diez ex integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que dejó las armas y se convirtió en fuerza política legal a partir de la firma de los acuerdos de paz, el 24 de noviembre de 2016.

   Este proceso de paz es resistido por las fuerzas ultraconservadores y militaristas del país, cuyo máximo exponente es el ex presidente Álvaro Uribe, una figura que sigue siendo omnipresente en Colombia a pesar de estar acusado de violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción para lograr su reelección y complicidad con las organizaciones del narcotráfico y los paramilitares.

   El avance territorial, en varias regiones del país, de los paramilitares, fue denunciado públicamente en ocasiones reiteradas e incluso expuesto en persona al presidente Santos, cuyo gobierno no adopta medidas para frenar los crímenes perpetrados por estas bandas.

   En este contexto, la Fundación para la Libertad de Prensa expresó en un pronunciamiento que durante 2017 “los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial faltaron a su deber de garantes de la libertad de prensa y tomaron conscientemente acciones de censura”.

   El informe, publicado en un artículo de Washington Uranga, en Página/12 de Buenos Aires, se refiere a casos “encabezados por el presidente de la República, el Congreso y las cortes” que son apenas “la superficie de un problema profundo en el que los poderes públicos locales también restringen la libertad de expresión”.

   El texto agrega que “la violencia sin protección ni sanciones; la pauta oficial que compra silencios; la estigmatización de la prensa como respuesta a las críticas; la violencia estatal y letal contra periodistas; las decisiones judiciales que abren la puerta a la censura y, sobre todo, aquellos extensos territorios carentes de información local, nos llevan a la conclusión de que es necesario explicar este ‘Estado depredador’ de la libertad de expresión en Colombia con el fin de que las instituciones públicas dejen de acudir a la censura y se sitúen en el lugar que les corresponde: la garantía de una deliberación pública libre”.

   Las organizaciones que denuncian la violencia estatal y paraestatal contra la población son a su vez objeto de acciones delictivas. El miércoles 14 de febrero Marcha Patriótica informó que Germán Espinel, militante de derechos humanos e integrante de ese movimiento, fue baleado en Bogotá a quemarropa por un sicario, y salvó su vida porque llevaba puesto un chaleco antibalas.

   A su vez, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia informó que al menos 73 líderes sociales fueron asesinados en el país durante 2017, una información que tiene muy poca circulación en los medios convencionales colombianos, propiedad de las familias más ricas y poderosas del país, y que no reproducen las agencias de noticias occidentales ni las cadenas de televisión como CNN.

   Las FARC, que ahora usa esa sigla pero con el significado de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, sostiene que la cifra de asesinatos es muy superior a la que indicó la Oficina de Naciones Unidas.

   La nota de Washington Uranga sobre el pronunciamiento de la entidad colombiana está disponible en este enlace:

https://www.pagina12.com.ar/95569-libertad-de-prensa-en-colombia