Comisión de la OEA promete “seguimiento” del caso argentino en libertad de expresión

CIDH OEA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundió un comunicado que contiene formalismos diplomáticos habituales, después de la audiencia en que organizaciones argentinas denunciaron los decretos macristas que amenazan la libertad de expresión. No obstante, anuncia que “continuará dando seguimiento al proceso”.

   La Comisión integra el sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA), muy cuestionada en la región en las últimas décadas por ser considerada proclive a investigar y criticar a gobiernos que no están alineados con Estados Unidos con mucho más esmero y profundidad que las administraciones neoliberales o conservadoras, coincidentes con los intereses de Washington.

   Al término de su 157mo. período de sesiones, la Comisión dio un informe público en el que relata sus gestiones y las audiencias que se realizaron en su sede, incluida la del viernes 8 de abril, que había sido solicitada por organizaciones argentinas por los decretos con los que el gobierno macrista modificó profundamente la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, con un criterio que va en beneficio directo de los negocios de las empresas privadas, en primer lugar el grupo Clarín.

   El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había solicitado esa audiencia junto con universidades, sindicatos, emisores cooperativos, pymes y comunitarios, todos integrantes de la Coalición por la Comunicación Democrática, para plantear los aspectos centrales de los decretos macristas que violentan la Convención Americana, que el gobierno está obligado a respetar. Otro tanto había hecho la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

   Esos aspectos centrales son: a) la extensión de los límites para que las empresas privadas puedan acumular aún más emisoras de radio y televisión, y lo mismo para los proveedores de televisión paga, lo que redundará en más concentración y reducción de las voces disponibles, de la circulación de información y de opiniones; b) el paso de la televisión paga del concepto del servicio audiovisual al de telecomunicación, lo que la exime de cumplir obligaciones como respetar derechos de las audiencias en el acceso a los canales; c) el arrasamiento de los organismos de gestión del sector audiovisual previstos en la ley 26.522, que son pluripartidarios, multisectoriales y federales, por otro, el Enacom, en el que el Poder Ejecutivo se atribuye a sí mismo la mayoría automática.

   Esas disposiciones, contenidas en especial en el decreto 267/15, fueron las cuestionadas por las organizaciones en la audiencia en Washington, a lo cual la delegación gubernamental no respondió, pues se dedicó insólitamente a dar sus opiniones sobre las condiciones de la libertad de expresión hasta el 10 de diciembre de 2015, lo que no era tema de la reunión.

   Lo llamativo del comunicado oficial de la Comisión es que acepte esta estrategia, al darle a esas opiniones –que contuvieron además falsedades, como que había periodistas “encarcelados”- el carácter de respuesta a la demanda de las organizaciones.

   El comunicado dice que la Comisión “recibió información sobre el derecho a la libertad de expresión en Argentina”.

   Tras valorar las “delegaciones de alto nivel” de ambas partes, recordó que las organizaciones peticionantes “plantearon una serie de afectaciones a la libertad de expresión que se habrían producido como consecuencia de las modificaciones introducidas a la Ley de Servicios de Comunicación, a través de tres decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo”.

   A esto, la delegación del Estado “justificó los cambios en el contexto de violaciones a la libertad de expresión que se verificaban en la anterior administración, la velocidad de los cambios en las tecnologías de la información y la posterior convalidación de estas normas por parte del Poder Legislativo”.

   Las afirmaciones de la delegación macrista se sustentaron en parte en un informe del relator de Libertad de Expresión, Edison Lanza, correspondiente a 2015, que a su vez reprodujo parcialmente las tomas de posición, versiones y acusaciones contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expresadas por los cientos de medios del grupo Clarín y sus asociados, comprometidos sin disimulo en el objetivo de respaldar a Mauricio Macri para que ganara las elecciones presidenciales.

   Pese al manifiesto desapego a los hechos, la Comisión repara en parte el desarreglo cuando dice valorar “el anuncio del gobierno de que abrirá un espacio de consulta y diálogo previo a la promulgación de una nueva legislación respetuosa de los estándares internacionales”.

   Concluye que “toma nota de la transitoriedad de la situación vigente y recuerda el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, por lo que continuará dando seguimiento al proceso”, una fórmula que, aunque muy indirecta y suave, expresa que espera que el gobierno se atenga a los estándares internacionales de libertad de expresión, algo que hasta ahora no hace.

   El pronunciamiento completo puede verse en el enlace siguiente:

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/049.asp