Condena de la Coalición al nuevo decreto: más ventajas para Clarín y otros “amigos”

Aguad y Macri

La Coalición por una Comunicación Democrática condenó el decreto con el cual el gobierno nacional vuelve a intervenir en el sector de la comunicación y las telecomunicaciones usurpando las facultades del Congreso. La medida tiende a profundizar la concentración, en violación de los principios y compromisos internacionales.

   El macrismo confirmó así el camino que inició hace un año, cuando también por decreto arrasó con los organismos establecidos por ley, creó un ente en el que tiene mayoría automática e impuso disposiciones para favorecer los negocios del grupo Clarín, su sostén principal en la campaña electoral y ahora en el gobierno.

   La Coalición, conformada por universidades, cooperativas, comunicadores, sindicatos del sector, emisores pymes y comunitarios, músicos y actores, afirma que el decreto publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero, el 1.340/16, “afecta más aún la libertad de expresión y promueve la consolidación de un mercado oligopólico que protagonizan las principales corporaciones en materia de servicios convergentes: el Grupo Clarín, Telefónica y Telecom”.

   El gobierno, agrega, desoye los reclamos que no provienen de grandes empresas, pisotea sus promesas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y niega en la práctica su proclamado talante democrático y de diálogo al legislar por decreto.

   “La captura regulatoria del mercado de las comunicaciones, el sometimiento político de los órganos de aplicación y los negocios de grupos amigos, son los únicos resultados de su gestión”, dice la declaración.

   El decreto nuevo profundiza la discrecionalidad con la que el Ente Nacional de Comunicaciones interviene en el espectro radioeléctrico, para actuar “a la medida de los grandes operadores del mercado, atribuyendo bandas de frecuencias y diseñando concursos a medida. También liberalizará las tarifas para que las corporaciones puedan llevarlas a los niveles de operación de sus otras filiales en América Latina. Asimismo autoriza la reasignación discrecional de frecuencias de servicios de comunicación audiovisual y servicios móviles para permitir el empleo por parte de Grupo Clarín —para su empresa Nextel— de posiciones en el espectro adquiridas para otros usos a precios de remate”.

   Estas ventajas expresas para Clarín constituyen a la vez una burla para las empresas que se presentaron a la licitación convocada por el gobierno anterior para la explotación de las frecuencias de 3G y 4G, pagando cientos de millones de dólares.

   La Coalición agrega que “la norma clausura por quince años la obligación de Telefónica, Telecom, Cablevisión y otros grandes operadores, de abrir la red de última milla, impidiendo en ese lapso que otros operadores ofrezcan servicios utilizando la plataforma existente. De esta manera se cristalizan las posiciones dominantes, impidiendo una mayor competencia. DirecTV tendrá su premio al serle permitido el ingreso al negocio de los servicios TIC (internet), limitación establecida en el texto original de la Ley 26.522”.

   El decreto, agrega, “también protege al Grupo Clarín, impidiendo hasta 2018 la competencia a Cablevisión de los prestadores de telefonía básica (Telefónica y Telecom) en los grandes mercados (AMBA, Rosario y Córdoba). El decreto invoca una protección para operadores locales cooperativos o pymes, pero solo resulta aplicable en las pequeñas ciudades donde sean un único prestador, es decir, marginales en términos de mercado”.

   La Coalición afirma que de esta forma “se convierten en letra muerta los criterios constitucionales y los tratados internacionales que definen a la comunicación como un derecho humano y que establecen que el control de la concentración en medios y plataformas de distribución de contenidos es una vía razonable y necesaria para asegurar la libertad de expresión”.