“Convergencia”, fórmula contra la comunicación democrática

Comunicadores de la Argentina (COMUNA) expresó en una audiencia de la Defensoría del Público que la imposición de la llamada “convergencia”, que tanto impulsa el macrismo, es la fórmula para atacar el proyecto democrático de comunicación y para arrasar las soberanías nacionales a favor de los intereses de las grandes empresas.

  

   En la misma intervención, la entidad sostuvo que la progresiva restricción a la libertad de expresión y el pluralismo que padece el país es simultánea a operaciones mediáticas para denigrar a los adversarios de la élite en el poder, como lo demuestran las campañas contra el pueblo mapuche y la dirigente social Milagro Sala, objeto de operaciones de persecución política.

   COMUNA fue representada por Elisa Giordano en la audiencia que la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual realizó –tal como lo pide la ley- el 29 de septiembre en la Universidad Nacional de Lanús.

   Allí expusieron decenas de representantes de asociaciones de medios, productores, universidades y grupos de gestión comunicacional que plantearon el retroceso de la libertad de expresión y coincidieron además en elogiar el trabajo de la Defensoría y pedir al Congreso que nombre al defensor o defensora nacional, cargo que está vacante desde noviembre de 2016, después de los primeros cuatro años de gestión –por mandato legislativo- de la periodista Cynthia Ottaviano.

   La abogada María José Guembe, titular a cargo mientras se espera el nombramiento, ratificó el compromiso del organismo con los derechos de las audiencias, tarea que siguió y sigue realizando a pesar de la acefalía, como lo certificaron los participantes de la audiencia pública.

   También COMUNA reclamó que el Congreso realice el nombramiento, en un texto que Giordano compartió en la audiencia, y que expresa:

   “Consideramos que los fuertes retrocesos del derecho a la libertad de expresión de los dos últimos años deben ser contextualizados. Habitamos un mundo donde las grandes corporaciones avanzan en la eliminación de todas las regulaciones estatales a favor de la comunicación democrática, para legalizar la transformación de la comunicación en mercancía, suprimir el pluralismo y disponer de la opinión pública como herramienta al servicio del comercio mundial.

   “Hoy la defensa de los públicos requiere, más que nunca, advertir que la Organización Mundial del Comercio trabaja activamente en el reemplazo de las políticas de comunicación inspiradas en la UNESCO –con ejes en la diversidad, la pluralidad y la multiplicidad de voces- por una ‘convergencia’ tecnológica y de contenidos al servicio exclusivo de las grandes corporaciones.

   “Con el afán de que los intereses privados tengan supremacía sobre el interés público que deben defender los estados, la OMC aspira a acabar con las soberanías nacionales para ceder a las empresas globales el control de la totalidad de la cadena comunicacional, tanto material como ideológica.

   “La ideología de la convergencia fue vendida durante décadas por las multinacionales a nuestras universidades, profesionales y empresarios, junto a las atractivas categorías de ‘sociedad de la información’ y ‘sociedad del conocimiento’, y sin decirlo introdujo poderosas herramientas de concentración del poder tecnológico y cultural.

   “La convergencia es resultante de la interconexión y la transmisión de datos y contenidos indispensables para fortalecer el capitalismo neoliberal. Las redes son la infraestructura implantada por las grandes corporaciones comerciales y financieras que, por supuesto, también son ideológicas y políticas.

   “Agitando el fantasma del monopolio del Estado, los oligopolios multinacionales proponen la desregulación total de las telecomunicaciones, para quedarse con ellas.

   “Hoy, demasiados Estados han abandonado su rol de establecer las reglas y contenidos de las redes convergentes. En el caso del gobierno de Mauricio Macri, acomoda la regulación al servicio de las corporaciones.

   “Condicionando las funciones legislativas y judiciales, desconoce los compromisos ante el sistema interamericano, favorece negocios corporativos mediante sucesivos decretos y posterga una y otra vez el envío al Congreso del proyecto para unificar las leyes 26.522, de Comunicación Audiovisual, y 27.078, de Argentina digital.

   “Diputados de la oposición han presentado un proyecto de ley para derogar el decreto 267/15 (mediante el cual el macrismo jibarizó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual) para que el país recupere los parámetros mínimos para contar con un sistema mediático acorde con la democracia.

   “Asimismo, sin tecnología nacional el Estado pierde control sobre la toma de decisiones y la comunicación estratégica y anula su propia capacidad para definir a largo alcance no solo una política de contenidos nacionales, sino también la de diseñar políticas públicas de salud, educación y comunicación que garanticen los derechos de la ciudadanía y la vigencia de la Constitución y las leyes.

   “El mercado no garantiza que toda la ciudadanía exprese sus ideas y demandas. Por el contrario, lo impide.

   “No existen derechos humanos individuales sin voces y movimientos que los defiendan y son las democracias las responsables de diseñar políticas que contribuyan a la pluralidad mediática.

   “Así lo demuestran las operaciones de prensa y la invisibilización de datos duros de los medios de comunicación hegemónicos que acompañan los actos delincuenciales del poder económico y político.

   “Aún más. Tanto el encarcelamiento de Milagro Sala y de los presas/os políticos en Jujuy y Mendoza de la Organización Tupac Amaru, cuanto la persecución del pueblo mapuche en la Patagonia, tienen en común permanentes campañas discriminatorias. La estigmatización alcanza a cualquier sector religioso, ideológico o cultural que apoye los derechos humanos.

   “No es casual: El vergonzoso accionar de la prensa hegemónica la convierte en cómplice de esta política gubernamental que niega derechos, ilegaliza toda acción autogestiva y demoniza a los trabajadores. El objetivo es acabar con toda resistencia a la expoliación.

   “Reiteran que ‘si Milagro Sala está presa, se terminó la Tupac Amaru’, y corean ‘corruptas y ladrones’ como sinónimo de negras e indios. Mientras, mantienen detenida ilegalmente a Milagro. Quienes resisten el avasallamiento son terroristas. Quienes se manifiestan por los derechos son violentos y el gobierno los reprime, escoltado por una guardia mediática que también encubre la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

   “Es deber de comunicadoras y comunicadores democráticos denunciar el ajuste y la represión a la que se somete a millones de compatriotas, para que nadie acepte una realidad que vulnera y traiciona los derechos humanos y mucho menos abandone los sueños de una vida más justa y de un futuro mejor”.