Diputados citan a funcionarios por la fusión Clarín-Telecom

Diputados nacionales presentaron un proyecto para que el secretario de Comercio de la Nación, Miguel Braun, concurra a la Cámara para explicar cómo el gobierno aprobó la fusión entre las empresas Cablevisión y Telecom, porque viola todos los estándares nacionales e internacionales sobre concentración, lo que representa una gravísima amenaza para la libertad de expresión, el derecho a la información y el pluralismo.

   Esta fusión es el paso más reciente de maniobras que comenzaron en la campaña electoral, cuando los cientos de medios de Clarín dieron sustento y apoyo al entonces candidato Mauricio Macri, en un pacto que, a partir del 10 de diciembre de 2015, el nuevo presidente comenzó a pagar con medidas favorables a esa empresa.

   El proyecto de resolución 4035-D-2018 fue ingresado el 3 de julio con la firma de los diputados Pablo Carro, Leopoldo Moreau, Hugo Yasky, Gabriela Cerruti, Rodrigo Rodríguez, Adrián Grana, Josefina González, Walter Santillan y Vanesa Siley, del Frente Para la Victoria-Partido Justicialista. También Silvia Horne, del Peronismo para la Victoria, y Carlos Selva, del Frente Renovador, y se esperaban más firmas.

   La convocatoria al secretario Braun es para que informe “qué medidas se han tomado a raíz de los movimientos de las empresas Cablevisión S.A. y Telecom Argentina S.A., de facturación unificada y gestión compartida de redes y recursos, previa a la Resolución 374/2018 firmada por la Secretaría de Comercio el 29 de junio de 2018, atento a la fusión de facto de público conocimiento y sólo autorizada mediante Resolución ENACOM 5644/2017 el 21 de diciembre de 2017”.

   Es necesario que el funcionario explique, agrega, “qué parámetros de poder significativo de mercado han utilizado para esta fusión, dado que Telecom y Cablevisión superan juntas los estándares nacionales e internacionales de concentración, según los propios registros oficiales, para todos los servicios en diversas provincias del país, y especialmente en la conexión a Internet de banda ancha a nivel nacional”.

   También “qué criterios de defensa de las fuentes de trabajo y de cálculos de inversión se utilizaron en el dictamen avalado por la Secretaría a su cargo, habida cuenta de los resultados del Balance del 1er trimestre del Ejercicio Económico 2018 de la empresa fusionada”.

   Los diputados quieren saber también si se evaluó la intervención de la Oficina Anticorrupción, dada “la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública por parte de Esteban Greco, titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)”, dada la denuncia judicial según la cual integró GPR Economía, “consultora especializada en Defensa de la Competencia y análisis de mercados que realizó trabajos para Cablevisión Grupo Clarín, y mantuvo su trabajo privado aún luego de asumir como presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia el 17 de febrero de 2016”.

   En los fundamentos, los diputados nacionales recuerdan que “la mega fusión no sólo fue anunciada por las partes hace casi ya un año, sino que también fue avalada, promovida y bendecida por el gobierno, la autoridad de aplicación ENACOM y varios funcionarios y personajes amigos de ese poder fáctico”.

   Es que, agregan, “el compromiso de campaña electoral, que en estos días se termina de plasmar con la constitución del conglomerado de infraestructuras y servicios de comunicación más concentrado de América Latina, comenzó a cumplirse durante el mismo mes de la asunción del actual gobierno, con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15”.

   Ese decreto modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para favorecer al grupo Clarín con la ampliación de las cuotas de mercado que la norma de 2009 establecía para dotar a la Argentina de un sistema democrático de medios, con pluralidad de voces, y no en manos de unas pocas empresas.

   “Ha sido pública nuestra oposición a tamaña necesidad y urgencia, que invocando cuestiones de modernización y apertura a la competencia, consolidó de una manera harto difícil de revertir, cuestiones que impactaron a corto y mediano plazo en la estructura del sistema de televisión abierta y de pago, telefonía e Internet principalmente. No hubo lluvia de inversiones ni crecieron los pequeños emprendedores, ni se federalizó nada: claramente profundizaron un modelo centralista, dependiente y con menos producción de programación, series y ficción”.

   Dos años después, “y en el actual debate que acontece en el Senado sobre el proyecto oficial de la denominada ‘Ley Corta’, las denuncias de la mayoría de los consultados en las audiencias informativas señalan estas ‘distorsiones de mercado’ que no son fruto de impericias sino de una voluntad político-administrativa plasmada en el avance de la megafusionada (Clarín) Cablevisión – Telecom”.

   Las autoridades lo hicieron, prosigue el proyecto, “a fuerza de Decretos y Resoluciones; por omisión de implementación de los articulados que quedaron en pie de las Leyes 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y 27078 Argentina Digital; y por tergiversación de la letra de la Ley en relecturas antojadizas”.

   “Señalamos nuevamente hoy la falta de legitimidad del DNU y de normas concatenadas como el Decreto 1340/16, así como el fracaso del ‘proyecto modernizador’ que mantiene terribles desigualdades en el acceso a servicios y a cuadros tarifarios discrecionales”.

    En los fundamentos se puntualizan después profundas distorsiones de precios, con valores arbitrarios para un mismo servicio, y el peligro que representan las ventajas competitivas que ya ejercen las empresas fusionadas, “por ser los únicos prestadores del país con más del 30 por ciento de presencia en todos los segmentos de las comunicaciones audiovisuales abiertas y de pago, la telefonía fija y móvil y la conexión a Internet”.

   Telecom y el Grupo Clarín gozan de este privilegio descomunal ya desde hace un año, porque el gobierno avala “la distorsión de precios mayoristas y minoristas, la llave de brindar o excluir contenidos, la capacidad de determinar la suerte o desgracia de sus competidores, especialmente los más pequeños o focalizados regionalmente, los que no disponen de acceso a frecuencias del espectro radioeléctrico para bridar telefonía móvil, las PyMEs, las cooperativas, los medios públicos, nacionales, provinciales y universitarios, entre otros”.