El gobierno vuelve a ignorar los compromisos internacionales

El gobierno de Mauricio Macri perpetúa la usurpación de las funciones legislativas y vuelve a desconocer los compromisos que asumió ante el sistema interamericano, al postergar otra vez el envío al Congreso del proyecto para unificar las leyes 26.522, de Comunicación Audiovisual, y 27.078, de Argentina digital, a las que ya alteró gravemente por decreto, para favorecer negocios corporativos.

   La situación fue denunciada por la Coalición por una Comunicación Democrática, que reúne a cooperativas, universidades, medios comunitarios, sindicatos de músicos y actores, pueblos originarios, realizadores audiovisuales y comunicadores, entre otros.

   El pronunciamiento se debe a que el Poder Ejecutivo anunció que se toma otros 180 días para enviar al Congreso el proyecto que llamó en su momento de “convergencia”, para unificar las leyes 26.522 y 27.078.

   Pero mientras estira estos plazos a su gusto, el gobierno de Macri ya intervino groseramente ambas leyes, mediante decretos con los que usurpa las facultades del Congreso, donde se sirve de la complicidad de varios bloques y sectores para sostener sus medidas discrecionales.

   Mediante los decretos, Macri y su ministro Oscar Aguad favorecieron fuertemente al grupo Clarín, sostén principal en la campaña electoral y ahora en el gobierno, mediante la ampliación de los límites de concentración de medios audiovisuales y de las porciones del mercado de televisión paga.

   El decreto 267/15, además, disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que como dispone la ley 26.522 se regía con un directorio pluripartidario y multisectorial, para reemplazarlo por el llamado Ente Nacional de Comunicaciones, en el que se obsequió a sí mismo una mayoría automática, que barre con toda posibilidad de debate y deja en manos del Ejecutivo todas las decisiones.

   Para enmascarar este absolutismo el Ente realiza una ronda de consultas con vistas al nuevo proyecto que los mismos funcionarios “dialoguistas” después demoran, en una burla a los interlocutores citados, en sesiones que no son abiertas y en las que los convocados sufren restricciones para exponer ideas y propuestas.

   El pronunciamiento de la Coalición afirma que el gobierno “ha convertido lo provisorio en permanente y ha invocado el pretexto de la modernización para ‘re regular’ en favor de las principales corporaciones audiovisuales y de telecomunicaciones. Mediante una limitada metodología de consultas y audiencias enclaustradas ganan tiempo para ‘ordenar’ los intereses particulares de un mercado de amigos”.

   Esta política ignora por completo los compromisos que el Ejecutivo dijo adoptar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la audiencia de abril de 2016, cuando fue citado por la adopción de medidas que aumentan la concentración del sector audiovisual y, con ello, violan los estándares internacionales que el Estado argentino está obligado a cumplir.

   El comunicado de la Coalición está disponible en este enlace:

http://www.coalicion.org.ar/comunicado-a-puro-decreto-y-con-el-congreso-ausente/