Espacio multisectorial elaborará un proyecto de ley para el sector audiovisual y la comunicación

Legisladores nacionales y asociaciones de directores, documentalistas, actores y músicos, escuelas de cine, comunicadores, radios comunitarias y otros sectores de la actividad audiovisual resolvieron elaborar un proyecto de ley para el sector, que tome en cuenta avances tecnológicos y la digitalización.

   Así se resolvió en una reunión realizada en la Cámara de Diputados, convocada por Liliana Mazure, del Frente para la Victoria, quien en una deliberación que se prolongó tres horas estuvo acompañada por compañeros de bloque, entre ellos Marcos Cleri, Axel Kicillof, Adrián Grana y Carlos Castagneta.

   Mazure propuso que de inmediato comience la elaboración de un proyecto de ley sobre el sector audiovisual, visto que aspectos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522, como los referidos a los límites a la concentración, fueron desvirtuados por el gobierno de Mauricio Macri mediante decretos con los que buscó favorecer a las empresas privadas, muy especialmente a Clarín.

   Representantes de múltiples sectores de la actividad audiovisual, universidades, radios comunitarias, respaldaron la propuesta de la diputada nacional, ex presidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), quien explicó que a la reunión realizada en el anexo A de la Cámara el jueves 11 de mayo invitó también a la comisión redactora de lo que el macrismo llama proyecto de “convergencia”, que coordina la funcionaria macrista Silvana Giudici.

   Los integrantes de esa comisión, que adoptó sucesivas prórrogas para incumplir su anuncio de enviar un proyecto de ley al Congreso, no asistieron a la reunión, y apenas dos de sus integrantes se molestaron en responder a la convocatoria, excusándose.

   El hecho de que el oficialismo esté demorando una y otra vez el debate parlamentario crea en varios segmentos de la actividad audiovisual la sospecha de que el propósito real del macrismo es seguir interviniendo en el sector mediante decretos, en los que está favoreciendo a empresas privadas que son sus aliadas.

   Los legisladores opositores explicaron que están conformadas dos comisiones bicamerales, una referida al sector audiovisual y de tecnologías de la comunicación y otra a reforma tributaria. A ninguna de las comisiones el Poder Ejecutivo envió proyectos para debatir.

   En tanto, además de avanzar en la conformación de una estructura de las telecomunicaciones digitales en acuerdos con grandes corporaciones del sector sin que intervenga el Congreso, el gobierno dio innumerables ventajas al Grupo Clarín en el sector de los medios audiovisuales.

   Con el conjunto de las medidas ya adoptadas y otras que el oficialismo deja trascender, dijeron los expositores, está en riesgo el respeto a la cuota de pantalla de producción nacional, además de que se expanden sin control negocios de empresas extranjeras que actúan en internet y que se llevan ganancias sin tributar y sin incluir en su oferta la producción de realizadores argentinos.

   Por ello, durante la deliberación se mencionaron las medidas adoptadas por gobiernos europeos, para que estas empresas paguen impuestos y abran su catálogo a realizaciones de los países en los que tienen clientes.

   Además, varios de los participantes mencionaron las amenazas del macrismo a los gravámenes que fomentan y financian la realización de documental y ficción para cine y televisión y la actividad en radio y televisión de emisores no comerciales.

   Entre los directores cinematográficos que asistieron a la reunión, Enrique Piñeyro Luis Puenzo y David Blaustein advirtieron sobre el incumplimiento de la cuota de pantalla, tomando en cuenta también que la Motion Pictures Association ya expresó al macrismo que se opone a esa disposición.

   Blaustein advirtió que los derechos consagrados en las leyes vigentes en el país para el cine, la radio y la televisión deberán ser defendidos en las calles, y citó como hecho inspirador la movilización masiva realizada a la Plaza de Mayo el miércoles 10 de mayo, para repudiar el fallo de la Corte Suprema de Justicia favorable a los condenados por delitos de lesa humanidad.