El fallo pro genocidas también impacta en el sistema mediático

Comunicadores de la Argentina (COMUNA) se suma al rechazo de los organismos de derechos humanos y demás sectores, movimientos y entidades al fallo pro genocidas adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y adhiere a las acciones tendientes a impedir que el país retroceda en su proyecto de Memoria, Verdad y Justicia, sin el cual carecerá de la posibilidad de vivir en democracia.

   La amenaza a la convivencia que expresa la decisión de disponer beneficios para los condenados por delitos de lesa humanidad se cierne por igual sobre todos los habitantes de la Nación, sus instituciones y actividades, pero tiene una referencia específica en el universo de la comunicación, el acceso a la libertad de expresión, el derecho a la información y la circulación libre de opiniones.
   Es que está denunciado judicialmente que la definición de la estructura del sistema de medios vigente en la Argentina, con sus características de concentración y posiciones dominantes que impiden la vigencia efectiva de la libertad de prensa, tuvo un hito fundamental durante la dictadura cívico-militar que asoló al país entre 1976 y 1983.
   Un acuerdo entre empresarios del sector y el genocida Jorge Rafael Videla dejó en manos del Grupo Clarín y sus socios a la empresa Papel Prensa, única fabricante de papel para diarios del país. La denuncia pública y judicial incluye la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados contra los herederos legítimos de Papel Prensa, para forzarlos a aceptar la transferencia de acciones.
   La causa para condenar este accionar delictivo, propio del Terrorismo de Estado, estuvo congelada durante años, sin que se adoptaran las medidas procesales indispensables para el esclarecimiento hasta que, cambiadas las condiciones políticas generales, el juez Julián Ercolini sobreseyó a los civiles beneficiados con la maniobra consumada por la dictadura, encabezados por Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto.
   Videla puso en manos de Clarín un instrumento con el cual el Grupo adquirió una gran capacidad de coacción sobre sus competidores, a los que fue abatiendo a su gusto con el manejo discrecional del precio del papel, para una hegemonía que luego fue consolidando con otros recursos, como el período en que usó la privatización de la transmisiones de fútbol para dominar el negocio de la televisión paga.
   Es por todo esto (además del accionar del Grupo para estimular las condiciones para el golpe del 24 de marzo de 1976 y su complicidad manifiesta con el Terrorismo de Estado) que los beneficios dispuestos para los responsables de delitos de lesa humanidad impacta de lleno en el objetivo de que el país pueda contar con acceso efectivo a la libertad de expresión y vigencia real del derecho a la información.
 
     Buenos Aires, 8 de mayo de 2017