Golpizas al periodismo

El ataque de la policía de Horacio Rodríguez Larreta a dos trabajadores de prensa durante una manifestación el miércoles 20 de febrero y su posterior detención durante once horas fue noticia censurada por la mayoría de los medios de comunicación convencionales, a pesar de que representa un ataque grave a la libertad de expresión y confirma que el país vive en estado de excepción.

(FOTO: Joaco García Conde)

Por Hugo Muleiro *

   Los fotógrafos periodísticos Juan Pablo Barrientos, de la revista Cítrica, y Bernardino Ávila, de Página/12, fueron objeto de un ataque directo de la policía cuando cubrían una manifestación de trabajadores de la cooperativa gráfica Cadygraf, que se movilizaron en la zona del Congreso para denunciar una maniobra del macrismo para beneficiar a grandes empresas en una licitación pública de material para escuelas.

   También dos trabajadores de la cooperativa fueron agredidos por los agentes. La policía de la ciudad se lanzó contra ellos sin motivo. Luego las autoridades pretendieron encubrir la agresión con una falsedad: que la manifestación, el “cuadernazo”, interrumpía completamente el tránsito en el lugar, cuando había carriles habilitados.

   Allegados a los fotógrafos consideraron además que los policías tenían orden de localizarlos y agredirlos por la cobertura que, seis días antes, habían dado a otra acción represiva del macrismo, contra los productores de verduras, en la zona de Constitución. De esa acción de las fuerzas gubernamentales quedaron dos testimonios gráficos de gran potencia: una anciana que recoge unas verduras desperdigadas tras la agresión policial y un trabajador de la tierra que lleva al hombro un cajón con lechugas mientras, por la espalda, un agente policial le arroja gas pimienta con un aerosol.

   En verdad no fue el debut del macrismo en agresiones policiales a las y los trabajadores de prensa: durante manifestaciones anteriores agentes de la policía de la ciudad y de otras fuerzas gubernamentales lanzaron ataques selectivos contra representantes de medios populares o comunitarios, que se distinguen por no ser parte del sistema de difusión de informaciones y opiniones organizado para favorecer al gobierno y perjudicar a sus adversarios.

   Si se mira al pasado, incluso al relativamente reciente, se podrán encontrar múltiples ejemplos de un cierto espíritu de solidaridad entre los trabajadores del periodismo y la comunicación cada vez que los afecta una agresión estatal. Esas reacciones solían tener tanta potencia que hasta las grandes empresas mediáticas, cuyas conductas demuestran que carecen de todo interés por la suerte de sus trabajadores, no podían evitar que salieran a la luz, hasta en sus propias páginas, en sus propias radios y pantallas.

   Se puede arriesgar que esos episodios demostraban un cierto espíritu corporativo que le daba a los actos de violencia contra las y los trabajadores de los medios una gravedad no destacada, y a veces hasta censurada, cuando las víctimas eran de otro sector o rubro. El argumento para estas reacciones enérgicas es que los ataques contra representantes de los medios revisten una gravedad superior a otros por poner en riesgo la libertad de expresión.

   En fin, aunque esta postura se puede debatir -también es muy grave cuando la policía ataca a un ciudadano por peticionar, por ejercer es misma libertad de expresión o por denunciar un acto de corrupción, como era el caso de los trabajadores de la cooperativa-, lo cierto es que solía haber una cierta reacción del conjunto de trabajadoras y trabajadores de los medios.

   Pero en el caso de los dos fotógrafos fue diferente. La cobertura periodística de la agresión del gobierno se circunscribió a la pequeña proporción de medios no alineados con el macrismo. El jueves 21, cuando la liberación de ambos a última hora de la noche anterior era una de las noticias del día, solo dos de los ocho diarios matutinos que se editan en Buenos Aires incluyeron la novedad en portada, Crónica y Página/12.

   A las 9 de la mañana de ese día, las versiones digitales de Clarín, La Nación e Infobae tenían en total casi 300 títulos entre noticias, comentarios y notas de opinión, ninguno de ellos referido al ataque y detención de los fotógrafos.

   Los periodistas y articulistas de estos medios que escriben habitualmente sobre asuntos de la comunicación evitaron tratar el tema. Peor aún, el domingo 24 el jefe de redacción de Clarín, Ricardo Kirschbaum, dedicó su nota a una controversia sobre libertad de expresión en Estados Unidos, con referencias a gobiernos que a su entender la cercenaron o la cercenan: en su lista figuraron Trump, Putin, Maduro, Cristina Kirchner y Ortega. Se le olvidaron Videla y Pinochet. Y se le olvidaron Macri y Rodríguez Larreta.

   Cuando un gobierno ataca la libertad de expresión e impide el derecho de cualquier persona a buscar información y difundirla, como es el caso, la exposición a gran escala de ese modo de actuación es el recurso principal para revertir la ilegalidad, especialmente grave por ser cometida por agentes estatales.

   Esa posibilidad parece extinguida en la Argentina: el dispositivo de poder que tomó posesión del Estado tiene también control férreo sobre la mayor parte del sistema mediático. Eso le permite ocultar una acción tan alevosa y antidemocrática y las reacciones que ocasionó, incluso de entidades que son sus aliadas pero esta vez no pudieron evitar pronunciarse, como ADEPA y Fopea. El mensaje que deja este hecho es de especial gravedad: las y los trabajadores de prensa que todavía quieren apegarse a la práctica de mostrar lo que sucede pueden ser apaleados por la policía, sin mayores posibilidades de aspirar a la protección de sus derechos.

   * Presidente de Comunicadores de la Argentina