Diputados proponen acceso a internet como derecho básico

La declaración del acceso a internet como derecho humano, con tarifas accesibles y estándares regulados, dadas las condiciones en que se desarrollan las actividades y la interacción en la sociedad contemporánea, fue propuesta por un grupo de diputados nacionales de la oposición. El proyecto de ley se inspira en una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

   La iniciativa, con ingreso formal a la Cámara el 6 de mayo, propone una modificación a la Ley 27.078 Argentina Digital, para reconocer el acceso a internet como “servicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de servicios de TIC”.

   El proyecto fue presentado por Juan Pablo Carro, diputado nacional por Córdoba, del Frente para la Victoria, y son cofirmantes Cristina Álvarez Rodríguez, Juan Cabandié, Gabriela Estévez, Adrián Grana, Leopoldo Moreau y Hugo Yasky.

   Al impulsar la regulación de los “servicios públicos esenciales y estratégicos” en este ámbito, el texto dice que la autoridad de aplicación “deberá disponer de las mejores prácticas de cuidado de usuarios y consumidores. Para ello, recabará información y procesará análisis de estado de concentración de los servicios por zonas geográficas, y de las posiciones significativas de mercado, precios y tarifas por prestador, discriminando servicio, calidad y lugar de prestación”.

   Entre otras previsiones, el artículo tercero del proyecto de Carro expresa que “los proveedores de servicios de internet deberán disponer de una tarifa social, implementada de acuerdo a las condiciones que fije la reglamentación, y controlada por la autoridad de aplicación, a efectos de facilitar y ampliar el acceso a internet para usuarios vulnerables”.

   En los fundamentos, los legisladores de la oposición recuerdan que el Consejo de Derechos Humanos de Nacionales Unidas dispuso mediante resolución la “promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos en internet”.

   El organismo internacional reconoce el acceso a internet como derecho básico y por ello destaca “la importancia de que se aplique un enfoque basado en los derechos humanos, para facilitar y ampliar el acceso a internet”.

   Por ello solicita a los Estados que “hagan lo posible por cerrar las múltiples formas de la brecha digital”.

   La llamada “brecha digital” tiene múltiples orígenes: algunos de ellos son el instrumento (dispositivo) que cada usuario tenga para el acceso al ambiente digital, la disponibilidad de conexiones y el precio que esas conexiones tengan, que es el aspecto específico en el que el proyecto busca intervenir.

   Carro y los diputados que lo acompañan afirman que si bien la resolución del Consejo de Derechos Humanos carece de carácter vinculante “recoge lo que gran parte de la población ya ha asumido”, que es la necesidad del acceso a internet para fines educativos, laborales, goce de bienes culturales y de interacción social.

   “Proponemos restablecer el carácter de servicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatorias de servicios de TIC. Esta definición estaba dispuesta por la Ley 27.078 Argentina Digital sancionada por este Congreso Nacional, pero fue derogada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15 que promulgó el presidente Macri a pocas semanas de asumir, sin mayores precisiones argumentativas que ‘la modernización y la transparencia’ de reglas”.

   Pero, advierten, no se dio esa supuesta libre competencia sino lo contrario, “un escenario infocomunicacional más concentrado y no tan asequible, considerando cada segmento de las TIC en particular, y también la convergencia de servicios habilitada para los prestadores en general y especialmente para la megafusionada Telecom”.