La Comisión Bicameral advierte sobre las acciones ilegales del gobierno macrista

Congreso

La Comisión Bicameral de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual advirtió que el gobierno macrista está adoptando medidas e imponiendo decisiones que violan la Ley 26.522, así como la Ley Argentina Digital, que “son ya un patrimonio de los argentinos que no puede estar en peligro”.

   La Comisión, que mantiene la composición que traía del período 2015 porque el Congreso está en receso y el nuevo gobierno eludió llamar a sesiones extraordinarias, explicó que tiene la misión institucional de velar por “el cumplimiento integral” de estas leyes.

   El comunicado lleva las firmas de los senadores Liliana Fellner, Ruperto Godoy y Juan Manuel Irrazabal, y de los diputados Marcos Cleri y Sigrid Kunath.

   “La exigencia de la renuncia de las autoridades debidamente nombradas en los organismos creados por estas leyes y la propuesta de sus reemplazos aún antes de que se produzcan las vacancias constituyen un claro avance sobre los principios fundamentales de estas normas que velan por la autarquía y el desdoblamiento de sus autoridades del mandato presidencial”, dice el texto.

   Agrego qué “con la misma indiferencia por el orden institucional se emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia 13/2015, que modifica la Ley de Ministerios, subsumiendo a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) dentro del recientemente creado Ministerio de Comunicaciones, pero principalmente quitándole el rol de autoridad de aplicación que les da razón de ser”.

   Los legisladores consideran que estas medidas, “inadecuadas e intempestivas, adoptadas mediante D.N.U., pretenden avasallar leyes que se han aprobado en el Congreso, luego del más amplio debate federal a lo largo y ancho de la República, que ha sintetizado las aspiraciones del sector audiovisual condensadas durante más de tres décadas y que constituye un pilar fundamental de la democracia argentina”.

   Los senadores y diputados firmantes ratifican su “voluntad de lucha por la defensa, no de circunstanciales funcionarios, sino de estas leyes que creemos ya son un aporte medular al legado democrático, federal y plural que dejamos a los futuros argentinos”.

   El pronunciamiento fue difundido al día siguiente del acto multitudinario en la Plaza de los Dos Congresos en el que ciudadanos, agrupaciones sindicales, universitarias, sociales, políticas y de derechos humanos, reclamaron el respeto a la ley de radio y televisión y el cese de los atropellos e intimidaciones del gobierno.

   Anteriormente, la abogada especializada en legislación sobre comunicación, Graciana Peñafort, había definido como inconstitucional el decreto 13/2015.

   Asimismo, el especialista y académico Damián Loreti advirtió que el anuncio del nuevo ministro de Comunicaciones del gobierno macrista, Oscar Aguad, sobre que la ley será desconocida y que la comunicación quedará sometida a la competencia de mercado, comporta el desconocimiento de instrumentos y compromisos internacionales a los que la Argentina adhiere.

   El decreto y la declaración de Aguad se combinaron con presiones abiertas y encubiertas de Hernán Lombardi, puesto por Macri al frente del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, para imponer la salida anticipada del cargo del presidente del directorio de Radio y Televisión Argentina, Tristán Bauer, quien terminó presentando su dimisión.

   Esta maniobra de Lombardi incluyó una nota en el diario La Nación que contuvo loas a Lombardi por su acción al frente de los medios públicos en la Ciudad de Buenos Aires combinadas con críticas y sospechas sobre la gestión de Bauer. Algo similar hizo días después Clarín, en un artículo en el que reprodujo una vez más opiniones de Lombardi sobre los medios y lanzó frases denigrantes contra periodistas que trabajan actualmente en los medios públicos, a quienes el macrismo también quiere desplazar.

   Las acciones para desconocer la Ley 26.522 tuvieron, como viene ocurriendo en los últimos años, su capítulo en el Poder Judicial, con una enésima decisión reciente a favor de la postura del grupo Clarín, que como se sabe se niega a acatar la norma y a desprenderse de licencias de radio y televisión que son parte de la posición hegemónica que tiene en el mercado.

   Esa posición la comenzó a construir cuando, mediante un pacto con el genocida Jorge Rafael Videla, Clarín y sus socios se quedaron con Papel Prensa, la única fabricante de papel para diarios en la Argentina, mediante una serie de acciones que están denunciadas en sede judicial como delitos de lesa humanidad.