La difusión de los derechos es una obligación de los Estados

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Los Estados tienen la obligación de difundir los derechos humanos y sociales y deben realizar campañas para que todos los sectores sociales los respeten, afirma Claudia Espinoza, quien fue viceministra de Políticas Comunicacionales del Estado Plurinacional de Bolivia entre 2012 y 2016. Espinoza habló de las campañas de desprestigio armadas por la derecha contra los gobiernos populares.

   Agregó que en su gestión puso énfasis en una distribución de fondos estatales que no contribuyera a profundizar la posición dominante de medios privados que terminan boicoteando los procesos democráticos, como ocurrió en Argentina y Brasil, y se intentó incluso en Bolivia.

   Espinoza dialogó con Le Journal de Notre Amérique, y el reportaje fue reproducido por la Red de Comunicadores del Mercosur

   Cuando asumió, dijo, “el Estado carecía de políticas comunicacionales que contribuyeran a educar y formar a la población. También se advirtió que los recursos económicos destinados a comunicación eran distribuidos a pocos medios de comunicación concentrados. Por otro lado, se vio la falta de modernización de la comunicación, un retraso tecnológico muy acentuado”.

   La gestión, relató, se centró en tres ámbitos: “crear políticas de comunicación como la democratización de la publicidad gubernamental, llegando a más de 600 medios, periodistas, medios digitales, entre otros; se creó el monitoreo de medios de comunicación y su cumplimiento de las leyes sociales que protegen derechos humanos, realizando también campañas educativas y sancionando a medios que incumplían su obligatoriedad”.

   Asimismo, “se modernizó el Ministerio de Comunicación en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TICs), capacitando a varios medios de comunicación y sectores sociales en su uso”.

   La violencia, explicó, “tiene un carácter estructural e histórico” y los Estados están obligados a realizar campañas sistemáticas y permanentes, “en cumplimiento a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes. Esto implica usar todos los medios de comunicación, incluidas las TICs, respetar los idiomas originarios y también desarrollar procesos comunicacionales interpersonales”.

   Antes del desarrollo de estas políticas, “la comunicación en el neoliberalismo tenía únicamente un carácter mercantil. El Estado no asumía ninguna responsabilidad en la comunicación de la sociedad, en su importancia y en su impacto”.

   Espinoza dijo también que “la oposición nacional e internacional, de forma articulada, ha aplicado distintas estrategias de desprestigio y descrédito contra el Presidente Evo Morales, enmarcadas en lo que se llama la Guerra de Cuarta Generación, para lo cual usa a los medios de comunicación y redes sociales. Han explorado el filón del racismo y la discriminación para afectar su credibilidad”.

   La entrevista completa está disponible en este enlace:

http://redcomsur.org/sitio/bolivia-el-derecho-a-la-comunicacion-y-la-informacion/