La libertad de expresión cayó en picada durante 2018

Argentina cierra otro año de retrocesos en la libertad de expresión y acceso aún más restringido del pueblo a la información, por los despidos generalizados de periodistas, cierre o funcionamiento parcial de medios, aumento de la concentración y, ya en diciembre, la ley sobre el papel para diarios, un oprobio que se remonta a la dictadura cívico-militar (1976-1983).

    Por COMUNA

   La circulación de noticias con pluralidad de fuentes y de opiniones de los orígenes más diversos, condición indispensable para una democracia real, volvió a decaer en la Argentina en 2018, también a raíz de la crisis económica general, la inflación elevada combinada con recesión, caída del poder adquisitivo de los salarios, aumento de la desocupación y de la pobreza, lo que lleva a las familias a privarse en primer lugar del acceso a los bienes culturales.

   La acción depredadora del macrismo contra el proyecto de un sistema democrático de medios, que con dificultades y tropiezos comenzaba a avanzar en el país, se inició apenas asumió el gobierno, en diciembre de 2015. Desde entonces, los medios cerrados y los despidos en el sector dejaron en la calle a unos 3.500 trabajadores de la comunicación.

   Es decir, menos noticias y menos opiniones y más negocios para los grupos dominantes, en especial Clarín, beneficiario directo de una modificación por decreto de necesidad y urgencia de fines de diciembre de 2015 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para que pudiera concentrar aún más radios y televisoras y más clientes de televisión paga.

   La alianza estrecha entre el macrismo y los grandes conglomerados privados llevó al gobierno a una política de desguace del sistema de medios públicos que, en 2018, tuvo su expresión más aberrante en los 357 despidos en la agencia estatal de noticias Télam. Aunque 263 de esos trabajadores y trabajadoras presentaron y obtuvieron recursos judiciales para recuperar su puesto, la agencia tiene en principio una pérdida efectiva de cien profesionales, lo que la pone en vías de un decaimiento como generadora de información indispensable sobre y en todo el país.

   Las y los trabajadores lucharon a brazo partido contra el ataque del macrismo y sus funcionarios, con un paro que sostuvieron durante tres meses, en medio de represalias.

   “Rodolfo Pousá, Ricardo Carpena, Magdalena Cash, Carlos Villoldo, Carlos Cañevsky, Elisabeth Blanco, Luis Sartori y Daniel Capalbo serán recordados como los nombres de la infamia, como aquellos que elaboraron un plan de despidos masivos y de destrucción de la agencia pública de noticias”, dice un comunicado de la Comisión Gremial Interna de Télam – Sipreba.

   Estos funcionarios sumaron, a los despidos, el cierre de corresponsalías, desconocieron horas extraordinarias trabajadas, suspendieron coberturas periodísticas y abrieron una sede precaria en Tecnópolis, donde no cumplen con la legislación vigente sobre condiciones de trabajo, entre otras acciones.

   La destrucción de la Televisión Pública, con su ya célebre récord histórico de 0.0 de audiencia -proeza de la conducción de Hernán Lombardi- y del sistema de Radio Nacional Argentina, con vaciamiento de programación y avasallamiento a derechos elementales de los trabajadores -como negociar paritarias- fue coronada con la represión en diciembre a la manifestación de periodistas frente al Centro Cultural Kirchner, en Buenos Aires.

   Como ya es clásico en el régimen macrista, la libertad de expresión fue atacada también con la entrega prioritaria de pauta publicitaria estatal a los grupos aliados y porciones ínfimas a los poquísimos medios que no se enrolan en la militancia oficialista. A la vez, el Ente Nacional de Comunicaciones, cuya dirección detenta la ultramacrista Silvana Giudici, continuó con una política de perjuicio directo a los medios privados no comerciales, mediante una distribución muy atrasada y parcial de los fondos de fomento previstos por la ley, en no pocos casos por montos anteriores a que la Argentina tuviera, como tuvo en 2018, una devaluación del ciento por ciento y una inflación que oscila en 50 por ciento.

   En el área estatal, el macrismo atacó también en la Defensoría del Público, con una desactivación progresiva de sus acciones a partir de septiembre por decisión de un “encargado”, Emilio Alonso, que además puso en duda la continuidad de 17 trabajadoras y trabajadores precarizados, y que pudieron retener sus puestos apenas hasta el 28 de febrero de 2019 gracias a gestiones sindicales ante la Comisión Bicameral que controla a la dependencia y nombra a sus autoridades.

   En el sector privado comercial sigue la tendencia abierta en 2015 para todo el país: se fortalecen lo que más tienen y ganan, y se perjudican y desaparecen los medianos y pequeños.

   La expresión más aberrante de esta política es la Ley que aliados del macrismo promovieron y aprobaron en el Congreso para retirarle a la empresa Papel Prensa, única proveedora de papel para diarios, en manos de Clarín y La Nación merced a sus acuerdos con el genocida Jorge Rafael Videla, en 1977, la obligación de tratar en condiciones de igualdad a todos las publicaciones que requieran el producto.

   Así, Clarín y La Nación podrán ponerse precios y cuotas preferenciales de provisión, e imponer lo contrario a editores que no sean sus aliados o, como ya lo hicieron en el pasado, a los que quieran destruir para ganarles la plaza o comprarles la marca a precio de remate.

   Este conjunto de acciones del oficialismo y sus aliados hace que el nuevo año se presente con inmensos desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información, más tomando en cuenta que se trata de un año electoral, por lo cual el poder dominante buscará afianzar aún más la imposición de su relato.

                                                                Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018