La militarización de Río de Janeiro: peor imposible

La participación de militares en seguridad interior, como la impuesta por decreto por Macri con el acompañamiento de los medios de difusión oficialistas, tiene resultados desastrosos para la población de Río de Janeiro: más asesinatos, más heridos, más tiroteos, más temor.

   América Latina tiene un acopio muy significativo de experiencias negativas cada vez que las fuerzas armadas son convocadas a participar de la seguridad interior. Esa trayectoria queda confirmada plenamente en un informe del Observatorio de la Intervención Militar en Río de Janeiro, difundido por la publicación Brasil de Fato.

   Los datos son significativos para la Argentina, ya que el anuncio macrista fue rodeado por una muy compacta línea editorial de columnistas de Clarín y La Nación, que reivindican a ultranza la militarización.

    Esta toma de posición incluye además la multiplicación de “noticias” e “informes” sobre “terrorismo” y actos delictivos y violentos por parte del pueblo mapuche, en la cordillera patagónica. Asimismo, reaparece en la agenda “periodística” la Triple Frontera, la zona limítrofe entre Argentina, Brasil y Paraguay, señalada periódicamente por fuentes estadounidenses como centro de financiamiento de grupos afines al movimiento libanés Hezbollah.

   La militarización de Río de Janeiro fue impuesta por el régimen de Michel Temer, quien ocupa la jefatura de Estado de Brasil desde agosto de 2016, cuando fue derrocada la presidenta constitucional Dilma Rousseff con el formato de los denominados “golpes blandos”.

   El Observatorio registró que los tiroteos en Río de Janeiro aumentaron 37 por ciento desde que comenzó la intervención de los militares.

   Asimismo, hay un incremento considerable de la violencia contra las personas más pobres. Es el caso de lo sucedido el 20 de junio en la zona de Maré, un grupo de favelas ubicadas en el norte de Río, donde un helicóptero efectuó disparos que dejaron 160 marcas en las calles del lugar. Mientras las fuerzas estatales realizaban este ataque, un estudiante de 14 años, Marcos Vinícius, fue asesinado cuando iba camino a su escuela.

   El informe del Observatorio expresa que en los cinco meses que lleva la intervención, ejecutada con 5 mil militares, fueron secuestradas 92 armas de alto calibre. En el período equivalente anterior el resultado era muy  superior; 145 armas incautadas.

   Las violaciones a los derechos humanos, como asesinatos y golpizas cometidas por los militares y las fuerzas policiales, están en aumento, como es clásico en este tipo de situación y lo ponen en evidencia, con toda claridad, las experiencias de México y Colombia.

   Esto, a su vez, lleva al ocultamiento y al secretismo estatal: el Observatorio aplica un índice que demuestra que las autoridades difunden cada vez menos información sobre las acciones de la intervención militar.

   Los atropellos y golpizas a los civiles se multiplicaron en el período, por la clásica etiqueta de “individuo sospechoso” y ni siquiera eso: el 11 de julio, un espacio en internet de los pobladores de la favela de Ciudad de Dios denunció que un habitante fue golpeado brutalmente por varios policías, actuando en grupo, por el mero hecho de solicitarles que salieran de la azotea de su propia casa.

   Enlace a Brasil de Fato: https://www.brasildefato.com.br/