La ola punitiva oculta el tema de fondo: Argentina carece de un sistema penal juvenil

unicef

La iniciativa del gobierno nacional para bajar la edad de imputación penal de 16 a 14 años cuenta con un sostenido coro mediático que, para justificar la postura punitiva y represiva que reclama una parte de la sociedad, ignora o censura el problema de fondo, como lo considera UNICEF: la carencia de un sistema de responsabilidad penal juvenil.

   La presentación y promoción del proyecto, previsible según la orientación política ideológica del macrismo, se montó sobre el asesinato de un joven en la ciudad de Buenos Aires, atribuido a un adolescente de 15 años, y obtuvo el respaldo inmediato y expreso de los medios identificados con el oficialismo.

   Algunos de esos medios habían sostenido en septiembre, octubre y noviembre que “bandas de pibes chorros” estaban preparándose para producir el caos en vísperas de la Navidad en el Gran Buenos Aires, anuncio que resultó completamente falso pero sirvió para crear un clima proclive a una política represiva y punitiva, con las señalizaciones centradas en los “pibes” de barrios empobrecidos, lo mismo que sucede cada vez que se trata el tema del narcotráfico.

   Tras los anuncios oficiales sobre el proyecto para bajar la edad de imputación penal, realizados por el ministro de Justicia, Germán Garavano, la oficina de UNICEF en Argentina enfocó el tema proporcionando un contexto ineludible para tratar el problema, expresamente ignorado por la mayoría de los medios convencionales: La normativa que rige en la Argentina, dice el organismo en su espacio en la web, “es incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño”, tratado internacional incorporado a la Constitución en la reforma de 1994 y de cumplimiento obligatorio.

   UNICEF agrega que “el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han señalado la necesidad de derogar la normativa nacional y sancionar una ley acorde a los estándares internacionales”.

   El Régimen Penal de la Minoridad que rige en el país desde 1980 establece que los adolescentes son punibles penalmente desde los 16 años y “tienen menos garantías procesales que los adultos”. Ese marco nacional se altera en las provincias por regímenes propios, dice UNICEF, que advierte que hay distritos en los que un juez puede disponer privación de libertad, en colisión con los estándares internacionales.

   “La escasa implementación de medidas alternativas a la privación de la libertad y de justicia restaurativa, las malas condiciones edilicias de los centros de detención, el bajo grado de especialización del sistema de justicia juvenil, así como el incumplimiento de sus derechos cuando están privados de libertad (acceso a una defensa efectiva, conocimiento del proceso penal al que se ven sometidos, acceso a la educación, al esparcimiento y a la salud) son retos que aún perduran en el sistema de justicia”, dice el texto.

   El organismo internacional afirma que para avanzar es necesario aprobar una Ley de Justicia Penal Juvenil “que no disminuya la edad de imputabilidad, que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, que garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías, en el que se le apliquen –como regla– medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional (solo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal”.

   Asimismo, “es clave que una reforma legislativa esté acompañada de una fuerte inversión en políticas públicas de protección integral de la niñez y adolescencia. De la misma manera, sería importante que se amplíe y mejore la oferta de medidas alternativas, justicia restaurativa, instancias de mediación y justicia comunitaria”.

   El posicionamiento de UNICEF está disponible en el enlace siguiente:

https://www.unicef.org/argentina/spanish/Posicionamiento-Justicia-Penal-Juvenil2017.pdf