La postura de Aguad se contrapone a la Convención Americana, dice Loreti

Damian Loreti

Damián Loreti, especialista en Derecho a la Comunicación, afirma que la definición del ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, sobre el sometimiento de los servicios audiovisuales a la modalidad de la “libre competencia” de mercado, representaría el desconocimiento de instrumentos y compromisos internacionales a los que la Argentina adhiere.

   Abogado, doctor en Ciencias de la Información y ensayista, Loreti fue partícipe activo en el proyecto que, mediante un mecanismo de debate amplio en todo el país, desembocó en la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522, en 2009.

   El análisis de la situación planteada respecto de la norma por el gobierno macrista, que Loreti publicó en su espacio en Facebook, parte de la declaración de Aguad sobre que “los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudar a los más pequeños”.

   Tras recordar que la constitucionalidad de la ley fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, el experto evoca pronunciamientos internacionales de respaldo a la norma.

   A partir de ello, dice, corresponde analizar “si una ley que siguiera los preceptos anunciados por el ministro Aguad sería respetuosa de los principios de la Convención Americana y los estándares de libertad de expresión que los propios partidos que conformaron la oposición al kirchnerismo enarbolaron como bandera durante mucho tiempo”.

   Por ello, “hoy no puede pensarse que el nuevo oficialismo esté dispuesto a denunciar la Convención Americana. Asumo que gran cantidad de los diputados y diputadas de los bloques oficialistas entrantes rechazarían de plano esta eventualidad, que implicaría, además, eliminar los restantes tratados internacionales de derechos humanos incorporados en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional”.

    Más adelante, Loreti explica que “en reconocimiento de la particular importancia que la diversidad de los medios de comunicación tiene para la democracia, para prevenir la concentración indebida de medios de comunicación o la propiedad cruzada de los mismos, ya sea horizontal o vertical, se deben adoptar medidas especiales, incluyendo leyes anti-monopólicas. Tales medidas deben implicar el cumplimiento de estrictos requisitos de transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación a todos los niveles”.

   Estos principios están expresados también por UNESCO, en sus “Indicadores de Desarrollo Mediático”. La posición de Aguad, expresa Loreti, “lejos está de los estándares internacionales”.

   El especialista recorre rigurosamente pronunciamientos de organismos internacionales y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

   Luego se enfoca en el decreto 13/2015, mediante el cual el gobierno de Macri pone a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) bajo la órbita del ministerio de Telecomunicaciones, a cargo de Aguad, retirándola de la Jefatura de Gabinete.

   Esa modificación, dice Loreti, “se podría considerar inocua” siempre que no modificara las atribuciones legales, “pero el caso es que de acuerdo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la AFSCA es autárquica y descentralizada. Entonces, el Decreto 13/2015 desconoce normas elementales del derecho administrativo”.

   La nota del especialista analiza detenidamente este punto para afirmar luego que el decreto en cuestión “resulta confuso y contradictorio”, pues: “En el punto 4 del artículo que establece las competencias del nuevo Ministerio, el mismo asume las facultades de las autoridades de aplicación pero más adelante las respeta (ría). Para aumentar las contradicciones, tampoco las disuelve”.

   La nota completa de Loreti puede leerse en el enlace siguiente:

Posted by Damian Loreti on lunes, 14 de diciembre de 2015