Lanza, de OEA, pide publicidad estatal para los medios privados

La aprobación por el Congreso peruano de una ley que prohíbe asignar publicidad estatal en los medios privados de difusión, con los gastos que conlleva, motivó una nota crítica del relator de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza. El funcionario se hace cargo de los intereses de las empresas y de las falacias que los sostienen.

 

   Por Timoteo Lezcano

   La toma de posición de Lanza (a cuya nota completa se puede acceder en el enlace incluido al pie) parte de una afirmación que puede considerarse atendible: la publicidad estatal es importante para numerosos medios de difusión. Con la norma aprobada por el Congreso peruano, dice Lanza, los medios corren riesgo. Y aunque no precisa cuántos ni cuáles, sostiene que esto es un peligro para la libertad de expresión.

   Uno de los factores que más distorsionan y hasta le quitan seriedad a una discusión sobre publicidad y medios es la que parte de excluir del debate a la publicidad privada, que en América Latina reúne una porción abrumadoramente superior a la estatal.

   Dicho de otro modo: en todos los países de América Latina hay sistemas mediáticos concentrados, con empresas en posición hegemónica, ejerciendo una supremacía política, cultural y económica que se contrapone a los parámetros de pluralismo informativo y de opinión que reclama el sistema interamericano. Esa concentración está abonada por la distribución publicitaria privada, que favorece a los actores más poderosos y perjudica a los más pequeños.

   Este aspecto central es soslayado lastimosamente por Lanza, cuya toma de posición fue publicada por el diario El Comercio de Lima. Está claro que en una región profundamente desigual como la latinoamericana, con estados sucesivamente atacados para que pierdan capacidad de incidir en pos de sistemas menos desiguales, es difícil imaginar una regulación que imponga a los anunciantes un manejo democrático de su publicidad que -siempre es bueno recordarlo- es financiada por sus clientes, por los consumidores. En suma por la población, que es la que paga las porciones de sobreprecio que cada producto y servicio incluyen a fin de financiar mensajes en periódicos, radio, televisión, internet.

   Sin embargo, las gestiones interesadas en un sistema pluralista de medios podrían adoptar algunas previsiones, acaso no “totales”, que no lograrían el cambio de fondo necesario, pero sí atenuar los daños que el sistema actual causa en su afán de consolidar las hegemonías: desgravaciones o crédito impositivo para quienes anuncien en medios más pequeños, cooperativos, comunitarios, sin fines de lucro, es una posibilidad.

   En su nota, Lanza contrapone la ley aprobada por el Congreso peruano con lo que parece considerar buenos ejemplos en el manejo de la publicidad estatal, y en ello incluye la regulación por decreto que impuso el gobierno argentino. Queda casi forzado a censurar a sus lectores el hecho de que el grupo Clarín, el más grande del país, con cientos de medios y sucesivas medidas oficiales que lo favorecen, es el que más fondos públicos recibe, por su condición de aliado político esencial del gobierno macrista para retener el poder y denigrar con sucesivas campañas informativas a todos sus adversarios.

   La norma peruana, dice la nota del funcionario nacido en Uruguay, no tiene fundamento plausible porque el aparente ahorro del gasto público en publicidad no se justifica “dado que Perú no se encuentra en medio de una crisis económica”. Aquí no habrá acaso una falacia pero sí una espeluznante ligereza, si se toma en cuenta que Perú padece alrededor de 21 por ciento de pobreza, que trepa a 44 por ciento en la población rural, según estadísticas oficiales.

   Remata su nota en El Comercio: “Por otra parte, ni los medios públicos ni las redes sociales garantizan el derecho de acceso a la información universal de la población, así como tampoco el acceso a una pluralidad de fuentes informativas. En general, los primeros se encuentran bajo control de los gobiernos (aunque no debiera ser así) y los segundos son plataformas internacionales, cuyo modelo de negocios no necesariamente ha privilegiado la información de calidad ni la información local”.

   Aquí sí podemos hablar de falacia, porque no es dable pensar que una persona de la experiencia de Lanza pueda sostener con una dosis mínima de honestidad intelectual que, en contraposición a los medios públicos y a las “redes sociales”, los medios privados sí garantizan el acceso a la información universal de la población y a la pluralidad de fuentes. Todas y cada una de las experiencias políticas latinoamericanas demuestran claramente lo contrario: los medios privados son actores políticos y económicos que administran la información y la opinión según sus intereses, despliegan maniobras diarias para abatir a los gobiernos a los que se oponen y censuran información para proteger a los regímenes que defienden.

   Lanza pudiera haber repasado unos párrafos de la historia latinoamericana para comprobar que golpes de Estado, dictaduras criminales y hasta intervenciones extranjeras, y últimamente los golpes “blandos” para sacar un gobierno y poner otro, contaron siempre con una preparación del terreno por parte de los grandes medios privados y un sostenimiento posterior.

   La nota del funcionario de la OEA está disponible en este enlace:

https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/publicidad-estatal-sistema-interamericano-edison-lanza-noticia-533844