Lidia Papaleo apela el fallo de Ercolini y reclama juez imparcial

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La viuda del empresario David Graiver, Lidia Papaleo, despojada por la dictadura cívico-militar de la empresa Papel Prensa, en maniobras consumadas en 1976 y 1977 para beneficiar a Clarín y sus socios con la posesión de la única planta elaboradora de papel para diarios de la Argentina, apeló el fallo de Julián Ercolini que pretende dar impunidad a los acusados y reclamó la designación de un magistrado imparcial.

   Para sobreseer a la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; al CEO de la empresa, Héctor Magnetto; a Bartolomé Mitre, de La Nación; y a los empresarios Juan Pío Podestá y Guillermo Gainza Paz, el juez federal Ercolini desconoció toda la prueba aportada y ni siquiera tomó declaraciones indagatorias, dice la apelación.

   Tras la muerte de Graiver en un confuso hecho en México, un supuesto accidente aéreo, Lidia Papaleo y quienes eran titulares legítimos de las acciones de Papel Prensa, entre ellos Rafael Ianover, comenzaron a recibir presiones y amenazas para ceder la empresa a Clarín y sus socios.

   Además de recibir amenazas fueron secuestrados, detenidos y torturados por el aparato represivo, con intervención específica del entonces jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps, y su extendida red de centros clandestinos. Simultáneamente, los diarios beneficiados realizaban una campaña intensa de desprestigio contra el grupo Graiver, exaltando las acciones del aparato represivo.

   La apelación, que ahora deberá atender la Sala I de la Cámara Federal porteña, fue presentada y anunciada por el abogado de Lidia Papaleo, Héctor Rodríguez.

   En ella, sostuvo que “el decisorio debe ser declarado nulo por completa falta de fundamento, en función de la ausencia de análisis de refutación de una cantidad de prueba aportada al expediente (publicaciones periodísticas, libros escritos sobre el tema, actas del régimen militar, expedientes judiciales y administrativos, testimoniales directas, etc.) –que será minuciosamente desglosada en la etapa de Alzada-, para arribar a la conclusión exculpatoria con una selección arbitraria y parcial llevada a cabo con el único fin de arribar a la solución preconcebida”.

   Esto hace que la decisión de Ercolini, agrega, deba ser declarada “insanablemente nula”, porque desconoció la conexión directa entre las amenazas, secuestros y apremios ilegales sufridos por los querellantes, y desestimó los estudios que sostienen que la transferencia de las acciones se realizó a precio vil.

   La querella pidió que se designe en la causa un juez que tenga “la templanza necesaria para el tratamiento del caso, con la dedicación que el mismo exige”.

   “Al mismo tiempo, debe resultar insospechable de cualquier compromiso que pudiera afectarlo, a partir del objeto procesal y de las connotaciones político criminales que envuelven a un caso que resulta sensible para los intereses de la Nación, porque claramente puede finalizar generando responsabilidad internacional del Estado argentino”, advierte.