Limitación al periodismo en el nuevo juicio a Jones Huala

El juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, impuso limitaciones a la cobertura periodística del juicio de extradición a Chile del dirigente mapuche Facundo Jones Huala, lo que viola el derecho al acceso a la información, informa el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y Zona Andina.

   El magistrado, que llamó a audiencia por este juicio de extradición -el segundo contra Jones Huala después de quedar libre en el primero- para el miércoles 28 de febrero, dispuso que apenas siete periodistas podrán asistir a la audiencia, y además sin explicar cómo los seleccionará.

   El Sindicato de Bariloche y Zona Andina, que integra la Federación de Trabajadores de Prensa (FATPREN) advirtió que esta imposición del juez federal “contraría manifiestamente el derecho humano al trabajo” y “al libre acceso a la información, incorporado con rango constitucional en el marco del artículo 75 inciso 22”, en consonancia con el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica.

   También se contrapone con el derecho a acceder a la información pública que establece la Ley 27.275 y “su reconocimiento por acordada 42/2017 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a la publicidad de los actos de gobierno”.

   Villanueva es juez federal de Neuquén y subroga en Bariloche. Abrió un nuevo juicio de extradición contra Facundo Jones Huala después de que el dirigente mapuche quedó libre en el primer proceso, igual que otros acusados.

   Jones Huala fue acusado por autoridades chilenas de haber causado un incendio en la zona de Pisué Pisué, Región de la Araucanía, en 2013.

   Los conflictos de los gobiernos de ambos países con el pueblo mapuche tienen idéntica raíz, la disputa por la tierra, en medio del avance a ambos lados de la cordillera, fuera de todo control, de la apropiación de extensiones inmensas por parte de empresarios y corporaciones internacionales, para la explotación y actividades extractivas de variado tipo, la mayoría con gravísimo impacto ambiental.

   También parecidos procedimientos represivos: los mapuche son acusados de acciones violentas y “actos vandálicos” y se desatan grandes operativos represivos  como los que, en 2017, causaron en Argentina la muerte de Santiago Maldonado, en Chubut, y Rafael Nahuel, en Río Negro.

   Los mapuche del lado argentino son acusados de recibir armas del lado chileno. Los mapuche del lado chileno son acusados de recibir armas del lado argentino.

   Ya en sus últimas semanas de gestión, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se sumó a una querella contra los Carabineros (policía militarizada) por haber montado una maniobra para acusar a los mapuche de acciones violentas y provisión de armas desde el exterior. Para esa operación, la inteligencia policial llegó a fraguar mensajes telefónicos, implantando textos nunca enviados.

   De ese y otros tipos de montaje surgen acusaciones de ataques, incendios y robos contra los mapuche de Argentina y Chile. En ambos países, los grandes medios de comunicación apoyan las operaciones represivas y de apropiación de tierras con campañas de denigración como la que en Argentina realizaron los diarios Clarín y La Nación, el portal Infobae, los medios gubernamentales Télam, Radio Nacional y Televisión Pública, en infinidad de artículos y envíos en los que los mapuche son presentados como terroristas internacionales.

   Facundo Jones Huala está preso en Esquel. En esa ciudad chubutense el juez federal Guido Otranto lo liberó en el primer juicio de extradición, pero se abrió otro proceso que parece orquestado para satisfacer el pedido chileno.

   Es este juicio el que llega a la audiencia del 28, para la cual Villanueva resolvió restringir el acceso a la información.

   El Sindicato dice en su comunicado que “la decisión de permitir únicamente el acceso a siete medios no tiene ninguna justificación válida, teniendo en cuenta además que el lugar escogido para la realización de la audiencia tiene capacidad para más de mil personas sentadas (un gimnasio municipal, NDR). Asimismo, y por motivos evidentes, la restricción de medios informativos del desarrollo del presente caso de notable interés público por los valores y derechos que se discuten y las circunstancias de público conocimiento que rodean al mismo, no hará más que limitar el derecho al pluralismo informativo del pueblo argentino”.

   Junto a esto, está el enigma sobre el método que el magistrado usará para consumar el privilegio para siete medios. El Sindicato recuerda que una Guía de Buenas Prácticas en el ámbito judicial obliga a los funcionarios a “dar igual tratamiento a todos los medios de comunicación en el momento de hacer pública una información, evitando priorizar injustificadamente a un medio o a un periodista”.

   Respecto del juicio del miércoles 28, el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, expresó preocupación por la posibilidad de actos de violencia.

   Sin embargo, no se refería a la eventual presencia de la Gendarmería, autora el primero de agosto de una acción represiva ilegal que causó la muerte de Santiago Maldonado en Chubut, ni de la Prefectura, uno de cuyos miembros asesinó por la espalda a Rafael Nahuel, en la zona de Lago Mascardi, en Bariloche, el 25 de noviembre.

   El gobernador, que respalda las acciones represivas contra los mapuche de la ministra Patricia Bullrich y del presidente Mauricio Macri, dirigió su expresión de “preocupación” a las comunidades originarias.

   Habló de “la violencia que estos grupos han llevado adelante”, en sintonía con afirmaciones y publicaciones que atribuyen a los mapuche toda clase de delitos, manejo de armas y contactos con el “terrorismo internacional”, como las FARC (en realidad hoy un movimiento sin armas), y hasta los kurdos.

   Este tipo de tipificación viene siendo usada en Chile desde hace años para perseguir y matar a miembros de la comunidad mapuche, en no pocos casos con disparos por la espalda, como le ocurrió a Rafael Nahuel, de 22 años, en Bariloche.