El gobierno de Macri goza del mayor blindaje mediático en 32 años de democracia

Represion ezeiza

Despidos y listas negras se replican en organismos estatales nacionales y en municipios de diversos lugares del país. Algunos logran trascender en las redes sociales o en las escasas vías de comunicación alternativa a la mayor concentración mediática de nuestra democracia.

   El gobierno de Mauricio Macri logró, en menos de un mes, un respaldo de los medios masivos de comunicación que no consiguió ni siquiera el de Carlos Saúl Menem. De hecho, esa gestión tardó años en aplicar la serie de medidas que, en tan poco tiempo, ejecutó el oficialismo del PRO-UCR a fuerza de decretos.

   Para poder destruir la industria nacional, privatizar las empresas de bandera y entregar el país a las corporaciones internacionales, la administración menemista instauró un sistema de persecución al periodismo. Cientos de trabajadores de la comunicación de todo el territorio argentino sufrieron agresiones verbales o físicas, fueron amenazados de muerte o llevados a la justicia por los delitos de calumnias e injurias. Fue un período nefasto para la profesión, pero las voces no se callaron: se replicaron.

   El escenario actual, de cerco informativo de protección al gobierno, a sus funcionarios y a sus acciones, implica un retroceso enorme para la comunicación democrática, que necesariamente requiere de pluralidad de voces que apunten a defender la libertad de expresión y el derecho de la población a estar informada.

   El decreto de necesidad y urgencia firmado por Macri sobre la disolución de la AFSCA y la AFTIC, sumado a la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para permitir el negocio del llamado cuádruple play (telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet), benefician a una concentración mediática sin precedentes a favor del Grupo Clarín, principalmente.

   Los monopolios beneficiados están respondiendo con efectividad.

   Mientras son despedidos miles de empleados de municipios macristas -en diversas provincias-, más de 500 del Centro Cultural Kirchner, 150 de la Jefatura de Gabinete, más de 2000 en el Senado, otros 2000 cooperativistas que trabajaban en la ex ESMA, al menos 50 de la AFSCA, también en el ISER y se avizoran más en Banco Nación, Radio Nacional y otros organismos estatales, los medios hablan de “desvinculaciones” o le endilgan la culpa de esta situación al gobierno anterior. Salvo respecto del CCK y del Senado, la mayor parte de estos de hechos no son informados.

   Cuando hay reportes de los medios alineados con el gobierno, que forman una mayoría abrumadora, están plagados de tergiversaciones: las mentiras alevosas de los funcionarios -como los de las áreas de Cultura y Medios-, alegando irregularidades de contratación, falseando fechas de ingreso y negando la persecución política que están llevando adelante, son reproducidas sin contraste alguno.

   Las redes de información popular tampoco están aseguradas a estas alturas, porque los decretos también apuntan a  eliminar las licencias de las radiodifusoras que tengan algún viso de precariedad legal. A esto se suman las acciones de boicot contra medios no oficialistas, como ocurrió con la versión en línea del diario Página/12, y ataques como el sufrido por Radio Madre, en Buenos Aires.

   Un modelo neoliberal como el que está encabezando Macri no puede imponerse sin la represión, y la represión no se puede llevar a cabo sin el blindaje mediático. El estado totalitario se está aproximando en Argentina.