Milagro en la hoguera

La situación de la dirigente social Milagro Sala, víctima de una sucesión de maniobras ilegales del Estado que solo encuentra similitud en los períodos dictatoriales, se sustenta en gran parte en la manipulación informativa y en la censura de datos indispensables. En la nota que sigue, Marta Vasallo recupera varios de los aspectos de esta persecución política, social, étnica y de género.

 

Por Marta Vasallo

Milagro Sala, líder de la organización social jujeña Tupac Amaru y diputada del Parlasur, está siendo juzgada desde de julio de 2018 en la causa denominada “Pibes Villeros”, acusada junto a otras 29 personas de “asociación ilícita, extorsión y fraude al Estado”. Pibes Villeros es el nombre de una de las cooperativas integradas en la Red de Organizaciones Sociales (ROS) de la que formaba parte también la Tupac Amaru. Durante meses, algunos canales de televisión nos acribillaron con imágenes de personas pertenecientes a esa cooperativa que retiraban dinero en efectivo de un banco. En realidad, retirar efectivo de un banco no prueba ningún delito, en este caso sólo probaba que las cooperativas no estaban bancarizadas.

Milagro fue detenida el 16 de enero de 2016 por “instigación a la violencia” y “tumulto”, debido a la acampada que la ROS realizaba en la plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Jujuy. Acampaban porque no recibían respuesta a sus pedidos de un encuentro con el flamante gobernador, Gerardo Morales, de Cambiemos, una de cuyas primeras medidas de gobierno fue la bancarización y reempadronamiento obligatorios de las cooperativas.

Las “causas” de la detención de Milagro eran insostenibles, de modo que quince días después quedó en evidencia una pauta del gobierno de Cambiemos que se volvería rutinaria: detener primero a una persona y luego encadenarle causas hasta lograr juzgarla por alguna de ellas. Así, Milagro fue acusada de “asociación ilícita, extorsión y fraude al Estado”, sobre la base de testimonios logrados mediante extorsión y sobornos, y es la causa por la que es juzgada hoy.

Si rigieran los más elementales principios de la justicia liberal, este juicio sería nulo: la presidenta del Tribunal, Alejandra Tolaba, no aprobó los concursos que la hubieran habilitado a ejercer esa función; el rechazo por parte del tribunal de las pruebas presentadas por la defensa de Milagro  es un “copia y pega” de otra resolución ajena a la causa. El juicio no es público como declara, dado que hay 29 imputados y solo 16 familiares o allegados pueden entrar a la sala; esos 16 incluyen a los periodistas, que no pueden llevar lápiz ni papel y están obligados a firmar un acta de confidencialidad, es decir, lo que sucede en la sala del juzgado no trasciende sus paredes. Un testigo fue detenido por falso testimonio porque se desdijo de lo que había declarado hace dos años a cambio de un empleo que ya perdió; quedan libres quienes acusan a Milagro, sin ninguna prueba ni indagación que permita corroborar lo que denuncian.

 Pese a estar plagado de irregularidades, la defensa de Sala prevé que el juicio concluirá en una condena de alrededor de diez años, porque el  Poder Judicial de la provincia está sometido al Ejecutivo. El final del juicio y las sentencias estaban previstos para comienzos de septiembre, pero el juicio se vio muy demorado por problemas de salud de Milagro, de la tupaquera presa en Alto Comedero Mirta “Shakira” Guerrero, y actualmente de Raúl Noro, marido de Milagro. La líder de la Tupac, que ya había debido ser internada en dos ocasiones, fue trasladada inopinadamente en los últimos días de agosto a una cárcel federal de Salta, pero una medida de la Corte Suprema obligó al juez Pullen Llermanos a devolverla al inmueble del Carmen. La jueza Tolaba decidió que debido a sus ausencias y demoras Milagro debía ser excluida de la sala del juzgado. Todas las argumentaciones de su defensa sobre la ilegalidad de excluir a un imputado de la sala donde se lo juzga y de no permitirle el intercambio con sus abogados fueron inútiles. Todos los problemas de salud que padecen los presos están directamente vinculados con las situaciones de hostigamiento y vejámenes a que están sometidos.

En los últimos días de septiembre Milagro dijo en el programa de radio de Roberto Navarro que sus síntomas se agravan, que cuando la internan los médicos, amenazados por el Ministerio de Seguridad, no le transmiten el resultado de los estudios o directamente le dicen que no tiene nada.

El Comité por la Libertad de Milagro Sala se constituyó dos meses después de su detención. Desde el comienzo caracterizó como ilegal la detención de la líder social, la calificó como presa política y se propuso su liberación, para lo cual se esforzó por dar a conocer el gran valor material y simbólico de la obra de la Tupac Amaru, y denunciar su desmantelamiento por parte del actual gobierno. Sus conceptos se vieron corroborados por la Resolución 31/16 del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, que ordenó la inmediata libertad de Milagro. Sólo se consiguió que se le otorgara una prisión domiciliaria que no es tal, sino una suerte de prisión personal en un inmueble del Carmen que la Tupac iba a destinar a un centro de rehabilitación de adicciones.

Desde su constitución, el Comité definió a Jujuy como laboratorio de la criminalización de la protesta social y de la persecución política disfrazada de lucha contra la corrupción. Es  una maniobra que se consuma con una sólida alianza con los medios de difusión convencionales, encabezados por los diarios Clarín y La Nación, que comenzaron las operaciones de denigración de Milagro y de la Tupac Amaru mucho antes del cambio de gobierno de 2015. Desafortunadamente los hechos corroboraron las previsiones del Comité: la llamada “causa de los cuadernos”, basada en fotocopias cuyos originales tienen paradero desconocido, a pesar de la abismal diferencia entre los humildes cooperativistas de Jujuy y los empresarios y ex funcionarios afectados por los cuadernos, sigue el mismo procedimiento: quienes “se arrepienten”, es decir, quienes acusan a ex funcionarios, quedan libres; quienes no se arrepienten y no acusan a terceros siguen detenidos. Uno de los objetivos de esta maniobra es el desafuero y prisión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Otro es que al menos una parte de los empresarios involucrados dejen vacantes negocios por los que están esperando “inversores” extranjeros, en especial estadounidenses, como lo escribieron una y otra vez periodistas alineados con el oficialismo.La cooptación del Poder Judicial por el Ejecutivo a nivel nacional culmina con la designación de Carlos Rosenkrantz como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También en este caso los medios del oficialismo celebraron la novedad y censuraron numerosos datos sobre su trayectoria, entre ellos dos especialmente graves: que fue abogado del Grupo Clarín, cuyos múltiples negocios suelen ser materia de intervención de la Corte (como ocurrió con la Ley 26.522) y que aceptó integrarse al máximo tribunal cuando el presidente Macri quiso imponerlo mediante un decreto, saltándose el mecanismo constitucional, medida que luego se vio obligado a corregir por su manifiesta ilegalidad.