Netflix: productores uruguayos reclaman políticas nacionales

Productores y realizadores uruguayos de cine y del audiovisual en general, junto con los sindicatos del sector, reclaman políticas públicas que apoyen y protejan al sector ante el avance de empresas extranjeras que explotan el negocio de la difusión por internet, como Netflix, sin pagar impuestos ni cumplir cuotas de material nacional.
 

  
   En un comunicado, las entidades exigen ” al sistema político uruguayo” que se ocupe de regular estas actividades lucrativas “en su globalidad” y “entendiendo el impacto que estas tecnologías tienen para la vida cultural y económica de nuestra sociedad en la actualidad y a futuro”.
 
   El reclamo surgió de una reunión en la que se conformó, por primera vez en la historia uruguaya, el foro llamado Plenario de la Industria y la Cultura Audiovisual.
 
    Participan la Asociación de Productores y Realizadores del Uruguay, Cámara Audiovisual del Uruguay, Confederación Uruguaya de Trabajadores de la Comunicación, el Espectáculo y Entretenimiento, Sindicato de Técnicos, Profesionales y Trabajadores del sector audiovisual, Sociedad Uruguaya de Actores, Colectivo Historias Magnéticas, Grupo de Editores y otros sectores, así como profesionales “independientes”.
 
   El punto de partida del debate fue la propuesta del Poder Ejecutivo para instituir un impuesto a las empresas que explotan el negocio de la distribución de obras audiovisuales por internet, un tema que en la Argentina es motivo de gran preocupación del sector y que llevó a la diputada Liliana Mazure, del Frente para la Victoria, a presentar un proyecto de ley.
 
   Esa iniciativa, que toma a las firmas involucradas como distribuidoras de productos audiovisuales, está a consideración de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, aunque en el bloque opositor hay poca esperanza en que el oficialismo vaya a permitir el tratamiento efectivo.
 
   Como dice el pronunciamiento de las entidades uruguayas, varios gobiernos, incluso de los países comúnmente considerados “grandes democracias”, se ocuparon de este tema para proteger, al menos en parte, a la producción audiovisual local, y para no permitir que empresas extranjeras consigan ganancias multimillonarias sin pagar una sola tasa ni crear puestos de trabajo locales.
 
   “El consumo y la producción de contenidos audiovisuales crece en todo el mundo y es un área estratégica en la economía y la cultura de los países”, dice el pronunciamiento del foro, que agrega que tomando en cuenta que “las fuentes laborales se están transformando y tecnificando de forma continua, la falta de políticas de Estado estructurales, reglas consensuadas y herramientas de promoción actualizadas a los tiempos que corren son causas que limitan y obstaculizan el desarrollo de quienes producen y generan trabajo y cultura audiovisual en Uruguay”.
 
   Es por ello que además de exigir políticas públicas, reclama “realizar esta regulación cuanto antes, como ya lo han hecho otros países que son referencia en el sector”, como considera a Francia, España y Brasil, y “como ya se ha realizado con similares servicios en nuestro país, no solo considerando los elementos impositivos correspondientes, sino también la inclusión de un porcentaje de obras nacionales en los catálogos ofrecidos por estas plataformas”.
 
   En cuanto a los impuestos que deban pagar las empresas que lucran con la distribución por internet, el foro pide que el 50 por ciento de la recaudación se destine al Fondo de Fomento del Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay.
 
   Ese fondo, agrega, “se vuelve cada vez más escaso debido a no poseer un mecanismo de ajuste automático, perdiendo su valor real año a año”, lo cual es preocupante porque se trata de “la única herramienta existente destinada a fomentar la producción, difusión, exhibición, formación, y conservación de obras cinematográficas en el Uruguay, lo que se traduce no solo en la realización de películas y series de TV, sino en la formación de estudiantes y audiencias, en la capacitación de profesionales, en el desarrollo de nuevos contenidos digitales, en el acceso de la población de todo el país a obras y experiencias cinematográficas, entre otros”.
 
   El pronunciamiento completo de las entidades está disponible en este enlace: