Nuevo desacato del gobierno a los fallos judiciales

 

Aguad y Macri

El gobierno macrista mantuvo el jueves 14 su postura de no cumplir con los fallos judiciales y siguió sin aceptar la reposición de la vigencia plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ordenada por el Poder Judicial, en una sucesión de acciones de desacato sin precedentes para la democracia argentina desde 1983.

   El Poder Ejecutivo llegó al extremo de desalojar presurosamente a los trabajadores de la sede de AFSCA ubicada en el centro de Buenos Aires, para inhabilitar el edificio y no cumplir las órdenes judiciales. Algunos empleados denunciaron por medios electrónicos, aunque cuidando la reserva de su nombre, que debieron abandonar sus puestos de trabajo bajo amenaza de ser despedidos.

   La controversia se debe a que el gobierno aprobó tres decretos que modificaron la Ley de radio y televisión, para favorecer principalmente al grupo empresario Clarín, mediante un aumento de la cantidad de licencias de radios y canales de TV que fortalezcan su posición abusiva, y también un incremento del tope de abonados del servicio de cable.

   Para ello, además, los decretos dispusieron disolver los organismos de aplicación de la Ley 26.522, AFSCA y COFECA, que tienen composición plural y multisectorial, para crear un llamado Ente Nacional de Comunicación en el que el gobierno macrista se asegura la mayoría amplia, lo que le permite administrar el sector audiovisual a su gusto o en función de los intereses de las empresas privadas del sector con las que está aliado.

   El lunes 11 dos amparos fueron aceptados, por el juez federal número 7 en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, Iván Garbarino, y por la jueza federal número 2 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, provincia de Buenos Aires, Martina Forns.

   Garbarino respondió a una presentación de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores. Forns lo hizo respecto de la acción interpuesta por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que gestiona la emisora FM En Tránsito, 93.9, y la revista Güarnin!, en el oeste del Gran Buenos Aires.

   El Poder Ejecutivo no apeló en principio estas medidas, aunque sí respondió a la solicitud de los jueces de que explicara mejor el alegato de la “necesidad y urgencia” para modificar dos leyes por decreto, una posibilidad que la Constitución habilita solo para casos extremos, como una catástrofe o una emergencia para la seguridad nacional.

   Mientras elaboró y entregó esa respuesta, el gobierno no acató los fallos y no permitió el ingreso a la AFSCA de sus autoridades legítimas, actitud que repitió el jueves 14.

   Ante la presentación del gobierno, el juez Garbarino mantuvo su fallo de suspensión de los decretos con “efecto devolutivo”, es decir ratificando la sentencia anterior de suspensión de los decretos, para lo cual se basó en fallos de la Corte Suprema de Justicia.

   Este caso puntual pasará ahora a la Sala de Feria de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal de Buenos Aires, que actuará como tribunal de alzada, informó la agencia DYN.

   El gobierno mantuvo su táctica de no hablar del tema, y lo mismo hicieron los diarios y otros medios oficialistas. Así, la versión en línea de Clarín mantenía censurado el tema hasta las 21 del jueves 14. Otro tanto hacía el portal INFOBAE. La Nación, en tanto, también negaba a sus lectores el tema en la portada o “home”, aunque sí incluyó el despacho de la agencia DYN dentro de la sección “política”.

   Lo insólito es que un reportaje a Miguel de Godoy, nombrado a cargo del Ente Nacional de Comunicación –cuya existencia misma está ahora en suspenso-, estaba dos veces en la portada de este diario, ilustrado con fotos diferentes, lo que demuestra que no se trataba de un error informático.

   En el caso del amparo presentado en San Martín, trascendió en fuentes judiciales que Forns rechazó los argumentos con los que el Poder Ejecutivo defendió la “necesidad y urgencia”. A la vez, dio curso a una apelación del fiscal general de la jurisdicción, que además cuestionó su competencia, por lo que elevó las actuaciones a la Cámara de Apelaciones de San Martín.

   Ese tribunal será entonces el que resolverá sobre este aspecto de la apelación del fiscal y además sobre la cuestión de fondo, es decir si los decretos del gobierno macrista son o no constitucionales (14.1.16).