Otro decretazo: el gobierno acomoda el sector de la comunicación para sus aliados

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El gobierno nacional vuelve a incurrir en la práctica de usurpar las facultades del Congreso para legislar por decreto en el ámbito de la comunicación y las telecomunicaciones, como viene haciéndolo prácticamente desde que asumió, en diciembre de 2015. El decretazo que se espera para el lunes 2 de enero va a favor de Clarín, como es ya costumbre, y otras grandes empresas.

   Según trascendidos que el propio gobierno echó a andar, prevé permitir a las empresas telefónicas incursionar en el negocio de la televisión por cable a partir de 2018, al tiempo que autoriza al Grupo Clarín, sostén principal del gobierno macrista, a ingresar a la telefonía móvil, en 3G y 4G. A la vez, DirecTV podrá usufructuar el servicio de internet.

   El diario Página/12 publicó versiones sobre gran disconformidad por parte de la empresa española Telefónica, que se considera perjudicada por la imposibilidad de entrar al negocio de la televisión por satélite, en tanto Clarín queda autorizado para avanzar en todos los segmentos.

   La disconformidad de Telefónica había sido mencionada también en diarios oficialistas. En La Nación, el comentarista Carlos Pagni informó que el presidente Macri había pedido “parar” el nuevo decreto por esta razón, y con vistas a su viaje en febrero a España, donde la empresa, con gran poder de cabildeo e influencia, seguramente le hará sentir su malestar. Sin embargo, a la luz de la publicación inminente del decreto, la versión de Pagni parece ser completamente falsa.

   Voceros de Telefónica, como recuerda Página/12, llegaron a mencionar la posibilidad de recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal que funciona en la órbita del Banco Mundial

   En sus primeras medidas de intervención en el sector audiovisual a contrapelo de la Ley 26.522 y vulnerando las facultades propias del Congreso al que dice respetar, el gobierno anunció en diciembre de 2015 el decreto 267/15.

   Ese decreto fue hecho a la medida exacta de las ambiciones de Clarín, a tal punto de que circularon versiones, no desmentidas, de que fue redactado en los estudios de abogados que trabajan para el grupo.

   Entre otras decisiones, autorizó al Grupo a detentar aún más licencias de radio y televisión y a acaparar porciones del mercado de televisión por cable en cantidades superiores a las establecidas en la norma.

   Esas medidas se contraponen a los estándares internacionales que la Argentina está obligada a cumplir, así como lo hace también el arrasamiento de los organismos plurales, multisectoriales y federales previstos en la Ley 26.522, como la AFSCA, reemplazado por el Ente Nacional de Comunicaciones, donde el macrismo se aseguró mayoría automática de directores.

   Página/12 recuerda que la posibilidad de que las grandes empresas telefónicas puedan entrar al negocio de la televisión ya había sido prevista en el 267/15, aunque lo prohibía por un año a contar de enero de 2016, y con la facultad, siempre a discreción del Ejecutivo, de prolongar un año más.

   Dice el informe del diario: “A partir de enero de 2018 las telefónicas podrán ofrecer televisión por vínculo físico o radioeléctrico de manera automática en las áreas metropolitanas de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Santa Fe. En el resto del país deberán contar con una autorización del Enacom”.

   El decreto prevé acomodar autorizaciones referidas a una serie de frecuencias para que el Grupo Clarín las use para el negocio de telefonía móvil con la firma que es de su propiedad, Nextel. Esta empresa no tenía frecuencias para 3G y 4G. Por eso Clarín compró en meses pasados un grupo de compañías (Trixco SA, Skyonline Argentina SA, Netizen SA, Infotel SA y Callbi SA). La maniobra se completa ahora con el decreto que el macrismo se apresta a sancionar.