Preocupación de la CIDH por la represión y por los ataques a trabajadores de la comunicación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron la violencia durante las manifestaciones de protesta del 14 y 18 de diciembre en Argentina y especialmente la violencia de las fuerzas gubernamentales que atacaron a trabajadores de la comunicación y detuvieron arbitrariamente a varios de ellos.

  

(foto Cc By-NC-nd 4.0-M.A.F.I.A.)

  El organismo internacional, en el lenguaje diplomático que lo caracteriza, no respalda indirectamente las denuncias realizadas contra el accionar de las fuerzas que desplegó el gobierno para impedir que la manifestación se realizara frente al Congreso cuando trataba el proyecto oficial que dispone la quita de fondos a jubilados, pensionados y titulares de beneficios sociales.

   Sin embargo, cita con detalle los protocolos de acción que deben cumplir esas fuerzas ante una manifestación opositora, siempre que la decisión política sea actuar en el marco de las normas democráticas, lo que según infinidad de denuncias, relatos, fotografías y filmaciones, no fue el caso.

   En un pronunciamiento fechado el 21 de diciembre en Washington, la CIDH y la Relatoría, parte del sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresan “preocupación por el uso inadecuado e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes de seguridad federales de Argentina, que dejó decenas de heridos, detenidos y de periodistas lesionados, durante las protestas llevadas a cabo en rechazo a una ley de reforma previsional que se discutió en el Congreso de ese país”.

   “Según la información recibida por la CIDH, el 14 de diciembre la policía y Gendarmería disolvieron violentamente las manifestaciones que se dirigían al Congreso Nacional en la ciudad de Buenos Aires para expresar su oposición a la ley de reforma al sistema de previsiones y jubilaciones. Varias personas habrían resultado heridas por impactos de balas de goma y dos legisladores denunciaron agresiones por fuerzas de seguridad, todo lo cual supone un uso desproporcionado de la fuerza. Asimismo, se reportaron personas afectadas por el uso indiscriminado de gas lacrimógeno y spray de gas pimienta”, continúa.

   Sobre el 18 de diciembre, hubo al menos 183 lesionados, dice la CIDH, “entre ellos al menos 88 policías y 95 ciudadanos. Según la información disponible, 70 personas habrían sido detenidas y denunciaron haber sido víctimas de hostigamiento verbal, insultos y amenazas en su contra durante su detención. Asimismo, supuestos grupos de manifestantes hicieron uso de la violencia durante las manifestaciones arrojando piedras y objetos contundentes contra la policía”.

   El organismo interamericano da cuenta de “al menos 26 periodistas y trabajadores de medios de comunicación” que “habrían sido agredidos por fuerzas policiales mientras cubrían las manifestaciones en ambas jornadas. De este grupo, 18 periodistas denunciaron recibir múltiples impactos de balas de goma. También se reportaron varios periodistas afectados por el efecto de los gases lacrimógenos lanzados por la policía. Asimismo, un grupo de manifestantes habrían agredido a otros quince periodistas y produjeron daños a los equipos móviles de cinco televisoras. La policía habría detenido a seis trabajadores de un medio de comunicación, que posteriormente fueron liberados”.

   Luego de esta descripción, la CIDH recuerda que los Estados “deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas” y, en el mismo sentido, “rechaza cualquier forma de violencia y promueve la búsqueda de soluciones con absoluto apego a los derechos humanos. En reiteradas oportunidades la CIDH ha manifestado que la criminalización de la movilización y la protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de la detención arbitraria de manifestantes y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión pacíficamente”.

   Si se alega una actuación en el marco de las normas democráticas, los operativos de seguridad deben ser planificados en forma cuidadosa, dije la CIDH, “bajo protocolos de actuación claros que garanticen el uso adecuado, progresivo y proporcional de armas menos letales y favorezcan el diálogo. La actuación policial en estos contextos debe orientarse a facilitar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión, así como a la protección de la vida e integridad de los manifestantes y de los terceros presentes y no la contención o la confrontación con los manifestantes. El hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones masivas”.

   No lo dice el comunicado del organismo, pero tras las manifestaciones del jueves 14 y del lunes 18 las fuerzas desplegadas por el gobierno macrista se lanzaron a la caza indiscriminada de civiles, golpearon a personas que estaban completamente aisladas e indefensas y detuvieron a otras que solo circulaban por la zona, incluso a varias cuadras de la zona bloqueada.

   En cuanto a periodistas y trabajadores de la comunicación, la CIDH recuerda que un Estado democrático tiene la obligación de que en estos contextos “no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Los ataques contra periodistas y la destrucción o incautación de equipos de quienes cubren estas situaciones violan la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como colectiva”.

   Así las cosas, la CIDH y la Relatoría “hacen un llamado a las autoridades a investigar de forma pronta y exhaustiva la conducta policial durante estas manifestaciones, y establecer las sanciones correspondientes. Asimismo, exhortan al Estado a garantizar el estricto apego a los principios generales de legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad en el uso de la fuerza en contextos de protesta social”.

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/214.asp