Diputados opositores presentaron un proyecto para derogar el decreto 267/15

 

Diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley para derogar el decreto 267/15, mediante el cual el macrismo modificó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La propuesta busca que el país recupere los parámetros mínimos indispensables para contar con un sistema mediático acorde con la democracia.

  

   El proyecto, ingresado por mesa de entradas de la Cámara el 17 de agosto, con el número 4369, recoge la postura de gran cantidad de organizaciones de producción audiovisual, de la comunicación y de sindicatos del sector convocados por la diputada Liliana Mazure, impulsora de la iniciativa.

   Además de la autora, firman Alcira Argumedo, de Proyecto Sur; José Alberto Ciampini, Ana Gaillard; Adrián Grana; Mayra Mendoza; Alejandro Ramos; María Raverta y Eduardo Seminara, todos del Frente para la Victoria, como Mazure.

   El impulso al proyecto es simultáneo a la iniciativa de la Coalición por una Comunicación Democrática, que convocó para el 28 de agosto a una jornada de movilización pensada como lanzamiento de una campaña nacional “Por el derecho a la comunicación, al trabajo y a la producción nacional”.

   Foro de emisores cooperativos, universitarios, comunitarios, de directores, actores y músicos, comunicadores y muy diversos sectores de la actividad audiovisual, la Coalición también reclama la derogación del decreto de necesidad y urgencia 267/15, con el cual el macrismo amplió los márgenes de concentración de medios y de ocupación de segmentos de la televisión paga en beneficio directo del grupo Clarín, su principal sostén político.

   En los fundamentos, el proyecto parte del hecho de que el decreto 267 expresa “mas urgencia particular que necesidad colectiva”.

   Los aspectos de la Ley 26.522 modificados por el macrismo son los mismos, agrega, que habían sido judicializados por la empresa Clarín, y que derivaron en la declaración de constitucionalidad que adoptó finalmente la Corte Suprema de Justicia.

   También recuerda que “mientras en su argumentación de los considerandos invocaba modernidad y competencia para el sector, sólo logró mayor concentración en las principales empresas del audiovisual ampliado, a contrapelo de las buenas prácticas contemporáneas existentes en las legislaciones y también en las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

   En una suerte de desaguisado que no encontró límite institucional, el decreto modificó una ley pero a su vez fue parcialmente alterado por una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones, sobre todo respecto de la muy controvertida decisión de dejar de considerar a la televisión paga como servicio audiovisual, para ponerla bajo el parámetro mercantilista de la telecomunicación y de paso buscando con ello obsequiar beneficios impositivos a las empresas amigas del oficialismo.

   El proyecto dice que “la pregonada modernización consistió en la derogación del articulado de las Leyes 26522 y 27078, que complicaban movimientos empresariales, y devino en prórroga de licencias, archivo de adecuaciones por artículo 161 de la Ley 26522, autorizaciones de transferencias, fusiones y negocios entre los mayores jugadores preexistentes en el sistema comercial. Mientras tanto, el sector estatal se retrajo en el uso de sus capacidades preexistentes de regulación y de control, así como de producción y de fomento. Las organizaciones sin fines de lucro debieron enfrentar tarifazos de servicios y una mora en la cadena de pagos por subejecución de programas públicos como el FOMECA”.

   Agrega que mientras el Ejecutivo sigue autoconcediéndose prórrogas para no enviar al Congreso su prometido proyecto para el sector audiovisual y digital, al que llama “de convergencia”, la producción nacional está en crisis, con menos películas y series y con pérdida de puestos de trabajo.