Proyecto sobre el papel para diarios es una grave amenaza a la libertad de expresión

El macrismo dio su aval y produjo dictamen de la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados para un proyecto de uno de sus aliados, Diego Bossio, destinado a desregular el manejo del precio del papel para diarios bajo el monopolio de la empresa Papel Prensa, que manejan Clarín y La Nación. Los diarios cooperativos denuncian que el proyecto de Bossio es una grave amenaza a su actividad y, con ello, a la libertad de expresión.

  

 

   La iniciativa propone derogar artículos de la Ley 26.736, aprobada en diciembre de 2011, que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios. Esa norma  estableció el acceso a ese insumo en condiciones iguales para todos los medios gráficos, prescindiendo de su facturación.

   Clarín y La Nación tomaron control de Papel Prensa en 1977, en base a un acuerdo con el genocida Jorge Rafael Videla, que puso en sus manos a la empresa, única fabricante de papel para diarios de la Argentina, de la cual la dictadura se había apropiado, quitándosela a la familia Graiver mediante acciones denunciadas en sede judicial como delictivas.

   El proyecto del macrismo y sus aliados desregula el manejo del precio del papel, dejándolo sometido a la conveniencia de Clarín y La Nación, que durante estas cuatro décadas fueron acusadas, incluso por medios de orientación conservadora, de un manejo discrecional destinado a favorecerse a sí mismas y perjudicar, hasta causar el cierre, de competidores, incluso en plazas de menor cuantía en cuanto al número de circulación de ejemplares.

   El diputado Bossio, que se autotitula justicialista y estuvo a cargo de la ANSES durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, dio un vuelco drástico apenas asumió como legislador en 2015 y acompaña los proyectos del macrismo que más revierten las políticas del gobierno que él integró. Ahora fue el primer firmante del proyecto, con lo que en los pasillos del Congreso la iniciativa es llamada irónicamente “ley sanguchito”.

   La Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina expresó su “sorpesa y desazón” por este proyecto, que representa una gravísima amenaza para numerosas publicaciones.

   La declaración explica que la ley que el oficialismo y aliados quieren modificar “aseguraba que todos los medios gráficos, independientemente de su facturación, tuvieran las mismas condiciones de acceso para el vital papel para diarios. Con los golpes de mercado producidos bajo las condiciones económicas del gobierno de Mauricio Macri -inflación descontrolada, devaluación del peso, recesión, restricciones en el financiamiento, entre otros-, se suma esta voluntad expresada por diputados de Cambiemos para restringir la sustentabilidad de los pequeños medios -pymes y cooperativos- que aseguramos la multiplicidad de voces en cientos de comunidades de todo el país”.

   “Invocando en su fundamentación razones comerciales y de índole industrial de dudosa verificación, descargan la responsabilidad de esta modificación en su favor por ‘las fuentes laborales de 475 trabajadores directos, sumadas a los trabajos indirectos, le economía forestal del Delta y la población de San Pedro’. Ninguna preocupación consta sobre los más de cinco mil puestos de trabajo que se han perdido en los medios de comunicación desde diciembre de 2015 a la fecha”, agrega.

   También recuerda que el precio único de pago al contado de venta de papel para diario que dispone el artículo 20 de la Ley que se pretende modificar “es la última tabla a la que se pueden aferrar los diarios cooperativos cuyos ingresos provienen de las economías regionales, ampliamente vapuleadas por el sistema impuesto por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri”.

   El diputado Axel Kicillof, del Frente para la Victoria, definió al proyecto como “vergonzoso y obsceno”. Su compañero de bancada, Adrián Grana, explicó que “lo que se deroga, en realidad, es la regulación del monopolio” del papel para diarios. Los impulsores del proyecto, agregó, “le están pagando a Clarín y La Nación la cobertura de los daños de este plan económico nefasto”.

   Entre las centenares de versiones y acusaciones de corrupción que Clarín y La Nación vienen publicando contra funcionarios del período anterior Diego Bossio jamás fue incluido. Las críticas permanentes a la gestión de la ANSES durante los períodos de Fernández de Kirchner cesaron abruptamente, una vez que Bossio dio su salto político.