Reclamo a la ONU y a la OEA por periodistas detenidos

 
 
 
Comunicadores de la Argentina (COMUNA) envió el sábado 2 de septiembre sendas notas a los relatores de libertad de expresión de la ONU y la OEA por la detención de tres trabajadores de prensa que cubrían la manifestación en Buenos Aires por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
 

  
(Foto: Emergentes)
   Las notas fueron cursadas al relator especial de Libertad de Expresión y Opinión de la Organización de Naciones Unidas, David Kaye, y al relator especial de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, Edison Lanza.
 
   A ambos se les solicita una pronta intervención para que se respeten los derechos de los tres trabajadores así como para preservar su integridad física, ante la insólita imposición del estado de incomunicación.
 
   La carta les relata a los diplomáticos que había concluido pacíficamente la manifestación para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado cuando se desataron sorpresivamente enfrentamientos, que según algunos testigos tuvieron como primer capítulo el lanzamiento de piedras contra agentes policiales.
 
   Lo llamativo es que este grupo fue avanzando por Avenida de Mayo y algunos de sus integrantes, incluso a cara descubierta –como si no temieran represalia alguna- siguieron arrojando piedras y dieron fuego a contendedores de residuos, entre otros desmanes. Los agentes policiales no los detuvieron a ellos, sino que la emprendieron contra otros grupos de manifestantes y contra trabajadores de prensa.
 
   En ese contexto los tres trabajadores, el fotógrafo Daniel Lara, y Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Hugo Medone, de la Red Nacional de Medios Alternativos, realizaban su cobertura de los hechos cuando fueron atacados por los agentes y, según algunos testigos, golpeados brutalmente, igual que otros detenidos.
 
   El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi les impuso inmediatamente el estado de incomunicación.
 
   La solicitud de COMUNA a los funcionarios de la ONU y de la OEA expresa que “es muy inquietante que el juzgado interviniente haya dictado la incomunicación de los detenidos, personas que tenían instrumentos de trabajo (cámaras) y no estaban armadas, más tomando en cuenta que hay testigos de que fueron golpeados. La incomunicación, por tanto, inquieta a las familias, que temen que tenga la única finalidad de ocultar las huellas de la violencia que sufrieron”.
 
   “En razón de esta situación, y sin que las autoridades nacionales y distritales hayan dado muestras de interés por los derechos de estos ciudadanos, solicitamos su intervención para preservar de inmediato la vida e integridad física de los periodistas”, dice el texto dirigido a Kaye y Lanza.
 
   COMUNA entiende necesaria esta intervención de los organismos que deben custodiar la vigencia de la libertad de expresión porque los hechos del primero de septiembre tienen un contexto que los precede: la preparación de condiciones políticas para hacer que el reclamo nacional por la desaparición forzada de Maldonado terminara opacado por textos e imágenes sobre disturbios y violencia.
 
   En efecto, fuentes gubernamentales propalaron la versión de un supuesto riesgo de violencia, discurso apuntalado por títulos insistentes en los medios afines al macrismo y el anuncio consecuente de grandes operativos de “seguridad”.
 
   Esta coordinación es la que hace temer por la integridad de los tres periodistas y de todos los detenidos,  pues denuncia la decisión previa del gobierno de que en la jornada de protesta hubiera episodios que justificaran la represión.

(Foto: APU)

 
(Foto: Emergentes)