Reclamo a Tabaré Vázquez por la ley de Comunicación democrática

Tabare

La Coalición por una Comunicación Democrática de Uruguay recordó al presidente, Tabaré Vázquez, que tiene 120 días para reglamentar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, después de que el mandatario anunció que postergará ese trámite.

   Vázquez informó sobre su determinación en una declaración exclusiva al diario opositor El Observador después de que los empresarios del sector, opuestos a la norma aprobada por el Congreso en diciembre de 2014, presentaron recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, en pos de un bloqueo como el que beneficia a sus pares de Argentina, quienes cuentan con la complicidad de jueces y tribunales en la defensa de sus intereses.

   La Coalición uruguaya es una entidad creada en 2010 que integran treinta organizaciones sociales, académicas y sindicales. Surgió para impulsar el proyecto de democratización de la comunicación y promueve el ejercicio pleno de derechos ciudadanos, como la libre expresión, el acceso a la información, la igualdad, la no discriminación y la producción nacional de bienes culturales.

   Ante el anuncio presidencial de postergación para dictar el reglamento, la entidad dijo en un comunicado que “recuerda que dicha norma está vigente desde el 29 de diciembre de 2014, fecha en que fue promulgada por el Poder Ejecutivo”.

   Asimismo, “reclama a los distintos poderes y organismos del Estado que cumplan con las disposiciones establecidas en la ley, muchas de las cuales no requieren reglamentación”.

   Es el caso, dice, del artículo 75, que dispone que la Asamblea General Legislativa integre una comisión especial de nueve miembros, “conformada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria para proponer candidatos a integrar el Consejo de Comunicación Audiovisual”.

   Además, el Capítulo IV “atribuye a la Institución Nacional de Derechos Humanos la Defensoría del Público -designando para ello a un Relator Especial de los Servicios de Comunicación Audiovisual-, así como la coordinación de un Plan Nacional de Educación para la Comunicación”.

   La organización también recuerda que, “al haber derogado la ley muchas disposiciones anteriores, de no aplicarse la nueva normativa se produciría una peligrosa parálisis, al no poder darse continuidad a muchos trámites iniciados anteriormente, por ejemplo para asignación de frecuencias de radio en el interior del país”.

   Esto es lo que hace necesario, concluye, que independientemente de consideraciones políticas “se cumpla con lo establecido por la ley, que implica un gran avance en materia de democratización de las comunicaciones” en Uruguay.

   El anuncio del presidente Vázquez causó perplejidad y descontento entre dirigentes y legisladores del Frente Amplio, y adhesiones en otros casos.

   En Uruguay los recursos de inconstitucionalidad van directo a la Suprema Corte de Justicia, sin pasar por instancias previas. Esto crea la expectativa de que la resolución tome menos tiempo que en Argentina, donde el Grupo Clarín se sirve de la complicidad de una parte del Poder Judicial para no resignar su posición de dominio del sector.

   Ante esta situación, la diputada Susana Pereyra, del MPP, dijo: “No me parece mal la decisión del Presidente, pero yo hubiera seguido con la reglamentación”.

   Daniel Caggiani, también diputado, declaró: “Nos llamó la atención, dado que había sido una de las promesas de campaña. Vamos a seguir con atención las principales resoluciones que tome el Poder Ejecutivo para que la ley pueda aplicarse cuanto antes, porque ese es el compromiso”.

   En cambio, Carlos Varela, de Asamblea Uruguay, expresó acuerdo con la postura de Vázquez, cuya decisión causó euforia entre los medios convencionales privados, por ejemplo El Observador, que el 12 de marzo tituló: “El gobierno congelará la ley de medios hasta que falle la justicia”.

   Esta interpretación fue discutida por Gustavo Gómez, especialista y docente en comunicación y ex director nacional de Telecomunicaciones, en un artículo que escribió en La Diaria.

   En  él sostuvo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 19.307, está “vivita y coleando”. Es una norma que, escribió, reconoce derechos y modifica reglas “arcaicas e injustas, aprobadas en dictadura”.