Reclamo a Vidal ante la agresión policial a periodistas

Comunicadores de la Argentina (COMUNA) reclama a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y a su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, el esclarecimiento inmediato y la aplicación de las sanciones que corresponden por las agresiones policiales perpetradas en Bahía Blanca contra dos trabajadores de la comunicación, durante un acto del que ella participaba.

   La agresión fue cometida el viernes 2 de junio cuando los dos trabajadores, Claudio Videla y Mara Solis, intentaban realizar la cobertura de una reunión de empresarios periodísticos agrupados en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

 

   El ataque de la policía que custodiaba el acto y a la gobernadora incluyó agresiones físicas, detención ilegal y manipulación y deterioro de los instrumentos de trabajo de ambos comunicadores, en un ataque directo a la libertad de expresión.

 

   Como denunció en sede judicial, el camarógrafo Videla comenzó a tomar imágenes del momento en que la seguridad del Teatro Municipal, donde se realizaba el acto con la gobernadora, le bloqueó el paso a una mujer en silla de ruedas, Analía Larrea, acaso porque durante 2016 la había interpelado en un acto público.

 

   En ese momento los agentes la emprendieron contra el camarógrafo, a quien retiraron del lugar por la fuerza, intentaron apropiarse de su cámara y lo obligaron a ascender a una camioneta de color blanco, sin identificación.  

 

   Aunque los agresores no se identificaron como policías, lo llevaron detenido, le aplicaron golpes y le produjeron asfixia parcial dentro del vehículo, para que entregara su cámara. Ya en la comisaría, le arrebataron la tarjeta de memoria y se la devolvieron borrada, sin las filmaciones que tenía registradas.

 

   Simultáneamente, la también camarógrafa Mara Solís había comenzado a registrar las agresiones y la detención arbitraria de su colega, por lo que también fue retirada por la fuerza por personal policial femenino que la llevó a una comisaría y la mantuvo detenida en una celda.

 

   Allí le quitaron todas sus pertenencias y la obligaron a desnudarse, porque también querían apropiarse de la tarjeta de memoria de su cámara.

 

   A Solís se le negó su derecho a hacer una llamada, hasta que intervinieron abogados que habían sido convocados por el camarógrafo Vidal, a quien sí se le había permitido una comunicación telefónica.

 

   La gobernadora Vidal y el ministro Ritondo deben responder a la ciudadanía porque son los responsables políticos directos de estas acciones que comprenden agresiones, abuso de la fuerza, detención ilegal y daño a material sensible, como lo es el registro que todo trabajador de comunicación tiene derecho a hacer sobre los actos de los que participan los funcionarios públicos.

 

   COMUNA pondrá en conocimiento de este ataque gubernamental a la libertad de expresión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales, y pide la intervención de los legisladores de la Provincia de Buenos Aires y de los nacionales que la representan, para que adopten medidas que preserven el derecho constitucional al acceso a la información, la libertad de expresión y el derecho de los trabajadores de prensa y comunicación a realizar su tarea en las condiciones de seguridad previstas en las leyes.

 

 

                                                                       Buenos Aires, 9 de junio de 2017