Reclamos por trabas y frenos del gobierno a fondos concursables del sector audiovisual

Un grupo de diputados de la oposición reclamó al gobierno de Mauricio Macri por las dilaciones y obstáculos en la aplicación del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca), previsto en la ley y cuya ejecución no es asunto discrecional o sometido al ánimo de los funcionarios de turno.

   Al respecto, los diputados Pablo Carro, Hugo Yasky, Vanesa Siley, Gabriela Cerrutti y Walter Correa, del bloque Frente Para la Victoria PJ, presentaron un proyecto de declaración para repudiar esta acción del Ejecutivo, que perjudica profundamente a los medios de comunicación del sector comunitario, de campesinos y pueblos originarios.

   Numerosas entidades de la comunicación no comercial sumaron su crítica, al tiempo que también la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual expresó su preocupación.

   En principio, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), un organismo que el macrismo creó apenas asumió, para escapar a la representación plural y multisectorial que regía para la autoridad audiovisual anterior, AFSCA, derogó los reglamentos vigentes para gestionar los fondos concursables.

   Después de esto los reglamentos, es decir que cambió las condiciones ya de por sí dificultosas, y comunicó un nuevo cronograma. La derogación primero y el cambio después no hacen otra cosa que complicar y debilitar al sector no comercial de los medios de comunicación, que es el que menos puede controlar el oficialismo.

   El proyecto de declaración de los diputados opositores expresa “repudio a la sucesión de medidas dilatorias y falta de ejecución presupuestaria de las líneas del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca), cuyos recursos afectados están dispuestos por la Ley 26.522 y han sido sucesivamente subejecutados por el Ente Nacional de Comunicaciones, actualmente bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la Nación”.

   Los diputados firmantes del proyecto expresan que “no podemos permanecer impasibles ante un doble estándar en la ejecución de políticas públicas en materia de comunicaciones”.

   Es que, prosiguen, “mientras de facto se produce una concentración inédita de infraestructuras y servicios audiovisuales y de telecomunicaciones bajo un mismo licenciatario (el Grupo Telecom ya se unificó con Cablevisión gracias al marco del DNU 267/15, y sin dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, avalado por las máximas autoridades nacionales), quienes verdaderamente merecen el apoyo y fomento estatal como prestadores de servicios de comunicación sin fines de lucro, resultan ignorados o burlados sistemáticamente”.

   Tras recordar las previsiones de la Ley de Servicios de Comunicación al respecto, el proyecto legislativo expresa que “desde 2016 se acumulan demoras en los pagos de las asignaciones determinadas por concurso (producto de auditorías de excesiva duración, e interminables e ineficientes requisitorias de documentación ex post), además de la demora de una gestión que ya lleva más de dos años en sus funciones y ha postergado el llamado anual a nuevos concursos para la asignación de fondos”.

   El ir y venir de plazos y reglamentos tienen la manifiesta finalidad de retener fondos cuyo destino está legalmente previsto y se corresponde con la política macrista de fortalecimiento a los grandes conglomerados de medios privados, en especial Clarín, sustento principal de Mauricio Macri en su campaña electoral y ahora en el poder.

   La Defensoría del Público también se había pronunciado sobre este tema. La posición del organismo puede leerse en:

http://defensadelpublico.gob.ar/enacom-decidio-extender-los-plazos-de-inscripcion-para-el-fomeca/