REPUDIO A LA REPRESIÓN

 
   Comunicadores de la Argentina (COMUNA) repudia la represión lanzada por el Gobierno Nacional contra las manifestaciones convocadas para rechazar la quita de dinero a los jubilados y receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otros sectores, y que incluyó ataques directos y a mansalva a trabajadores de prensa.
 

   Las primeras reconstrucciones de los actos represivos del jueves 14 de diciembre, cuando a las 19 las fuerzas gubernamentales seguían atacando y hostigando a civiles en la zona del Congreso, permitieron establecer que al menos tres trabajadores de prensa, Gustavo Malfino, Pablo Piovano y Federico Gorostiaga, fueron víctimas directas de ataques de gendarmes y policías.
 
   Como en movilizaciones precedentes, las fuerzas gubernamentales tomaron como blanco específico a los trabajadores de prensa y en especial a fotógrafos y camarógrafos, lo que evidencia la violación total al derecho al ejercicio de la actividad periodística y a la libertad de expresión.
 
   COMUNA llama la atención sobre que estas acciones inconstitucionales fueron cometidas apenas horas después de que los patrones de las empresas periodísticas agrupados en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) compartieron un encuentro con los máximos representantes del oficialismo, entre ellos el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.
 
   Por cierto que los trabajadores de prensa no fueron las únicas víctimas de la operación represiva, sin precedentes en democracia. Entre decenas de civiles inermes volteados y golpeados en el piso por policías y gendarmes, también fueron atacados diputados nacionales, cuyo ingreso al Palacio Legislativo se intentó demorar o impedir mientras, en el recinto, el oficialismo procuraba forzar la sesión.
 
   Entre los trabajadores de prensa atacados figura Pablo Piovano, por veinte años fotógrafo del diario Página/12, quien recibió diez balazos de goma de un gendarme que le disparó a un metro de distancia, cuando él tenía en sus manos únicamente su cámara. También el fotógrafo Gustavo Malfino fue atacado, así como Federico Gorostiaga, de la Red Nacional de Medios Alternativos.
 
   Estos hechos desmienten rotundamente al jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien acusó a manifestantes de atacar a los trabajadores de prensa, lo que no tiene una sola constatación entre los centenares de testimonios tomados en el lugar por los propios equipos periodísticos y por civiles.
 
   Peña, en los hechos de hoy, y en casos anteriores el mismo funcionario y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, suelen alegar que hay grupos que con piedras o palos generan la violencia al atacar ellos a las fuerzas represivas.  Estos jerarcas pretenden ignorar que, según protocolos internacionales, es obligación de las fuerzas de seguridad estatales prevenir y contener eventuales desbordes o intentos de refriegas en espacios públicos, y no generalizar y agravar los enfrentamientos o servirse de actos de agresión aislados para atacar indiscriminadamente a los civiles.
  
   Poco antes de lanzar la represión, alrededor de las 14, representantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación denunciaron públicamente que jefes responsables de los operativos se negaron a identificarse, lo que también viola las disposiciones internacionales que la Argentina está obligada a cumplir.
 
   Los hechos del 14 de diciembre, así como los del día precedente, quedan inscriptos entre las jornadas más penosas desde 1983, por la violación al derecho de la población a manifestarse, el ataque a los trabajadores de prensa y el cercenamiento a la libertad de expresión y el desconocimiento de otras garantías constitucionales, lo que pone a la gestión macrista como responsable de la ruptura del Estado de Derecho y la imposición de un estado de excepción.
 
 
                                                                            Buenos Aires, 14 de diciembre de 2017