Santiago Maldonado: las mentiras y la manipulación violan derechos

La manipulación de unos datos y el ocultamiento de otros, el montaje de operaciones noticiosas y la estigmatización de personas y grupos que numerosos medios de comunicación cometen en estos días en asociación con el gobierno nacional en torno de la desaparición de Santiago Maldonado son acciones netamente antidemocráticas, que violan el derecho de la ciudadanía a estar informada.  
   Con estas prácticas la democracia es socavada y puesta en riesgo, dado que se afecta un derecho colectivo, previsto en instrumentos internacionales de derechos humanos y en la Constitución Nacional.
 
   A la denuncia de la detención y desaparición de Santiago Maldonado el primero de agosto en Chubut, en un operativo represivo de la Gendarmería Nacional contra familias mapuches, los medios de comunicación identificados con el gobierno respondieron con una batería de operaciones, varias de ellas patéticas además de manifiestamente inmorales.
 
   Una de ellas fue estigmatizar a las víctimas de la represión, como fue práctica prolongada de Clarín, La Nación, La Prensa y otros medios durante la dictadura cívico-militar. La comunidad mapuche reprimida fue descripta como un grupo perteneciente al terrorismo internacional, ligado a las FARC, a ETA y a “los kurdos”, una ocurrencia que llama a la hilaridad si no fuera porque está en juego una vida. Lo mismo sucede con el “arsenal terrorista” mostrado en fotos puestas en circulación por el gobierno: serruchos, martillos e instrumentos de labranza.
 
   Estas andanadas de manipulación de los medios ultraoficialistas buscan desprestigiar y poner bajo sospecha a quienes denuncian la desaparición forzada y a la comunidad atacada por Gendarmería, acción simultánea a las declaraciones en igual sentido del presidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
 
   También proliferaron maniobras para presentar al detenido-desaparecido en otros lugares del país, apelando a filmaciones o a sorpresivos “testigos”.
 
   Este conjunto de acciones forma parte de un modelo ya usado en el país: durante la dictadura cívico-militar, a partir de 1976, quienes buscaban a los desaparecidos eran desprestigiados en estos medios, las autoridades eran protegidas mediante versiones tendenciosas y las víctimas de la represión ilegal presentadas como viajando por el mundo y gozando de la buena vida.
 
   La negación de Macri y Bullrich de la condición de desaparecido a Santiago Maldonado imita puntillosamente discursos del genocida Jorge Rafael Videla y todos sus colaboradores y cómplices.
 
   Comunicadores de la Argentina (COMUNA) repudia que, igual que entonces, los medios de comunicación oficialistas oculten que la desaparición forzada es un delito de Estado tipificado en instrumentos internacionales.
 
   También que le oculten a su público que el delito de la desaparición forzada conlleva responsabilidades políticas y penales para Macri, Bullrich, el jefe de gabinete del Ministerio, Pablo Nocetti (presente en el lugar de la operación represiva), el director nacional de Gendarmería, Gerardo Otero, y los jefes y el personal actuante en Chubut.
 
                                                                                              Buenos Aires, 12 de agosto de 2017