Trasciende otro borrador de la ley de “convergencia”

Otro borrador del muy demorado proyecto de ley de “convergencia”, como la denomina el gobierno nacional, con el que busca reemplazar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley de Argentina Digital, trascendió por medios virtuales en los primeros días de enero.

   La difusión corrió por cuenta del abogado Andrés Gil Domínguez, un abogado que forma parte de la “comisión redactora” del proyecto para cuya confección el Poder Ejecutivo viene autoconcediendo sucesivas prórrogas.

   Sin embargo, la publicación especializada Convergencia informó el lunes 8 de enero que la difusión de este texto fue calificada como “irresponsable” por fuentes del Ministerio de Modernización, que tiene a su cargo el área de comunicación y telecomunicación.

   Apenas asumió, en diciembre de 2015, el Ejecutivo modificó por decreto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, usurpando facultades del Congreso, con la finalidad esencial de permitir una concentración mayor de medios a su principal aliado y sostén político, el grupo Clarín, anulando los límites establecidos por aquella norma, la 26.522.

   Ese decreto desarticuló los organismos de gestión plural, multisectorial y federal previstos por la Ley 26.522, como en el caso del Enacom, en el que el Poder Ejecutivo se adjudicó una mayoría automática en su directorio, que este anteproyecto pretende perpetuar.

   La publicación Convergencia, con el título “Extra”, dio a conocer el siguiente informe:

   “El ‘Anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes’ fue publicado este fin de semana en redes sociales por Andrés Gil Domínguez, abogado integrante de la Comisión Redactora. Según explicó Gil Domínguez a Convergencia, se trata de la versión final que la comisión elaboró en marzo del año pasado y que durante 2017 fue puesta en una nueva ronda de consultas públicas. Esa etapa de consultas apuntó, principalmente, a dos capítulos, el que establece la Comisión Asesora de la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en las Comunicaciones Convergentes y el relacionado con los Servicios de Transmisión Libre, tal como define a los (OTT).

   “Gil Domínguez aclaró que no se trata de la versión final sino de la propuesta que elaboró la comisión y que está en poder del Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien a fin de 2017 estableció una nueva prórroga de 180 días para la presentación del anteproyecto.

   “Fuentes del Ministerio calificaron de ‘irresponsable’ la publicación del texto, en diálogo con Convergencia.

   “Según la versión del proyecto, se distingue entre Servicios de Comunicaciones Audiovisuales y Servicios de Comunicaciones Electrónicas, en lugar de Servicios TIC o convergentes, como se los denomina en todos los reglamentos publicados por Enacom y Modernización.  En el caso de las comunicaciones audiovisuales, asombran las semejanzas con aspectos de la Ley 26.522, que el Ejecutivo derogó parcialmente. Sorprende que el proyecto recupere cuestiones tales como el establecimiento de cuotas para la producción nacional y local (que incluye a los OTT), la reserva del 33% del espectro al sector sin fin de lucro, o determine casos de límites del 30% al capital extranjero.

   “La obligación de contar con una señal de producción propia local para producir contenido nacional, alude en forma explícita a los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual vía satélite. La gestión actual viene depreciando el talento de la producción nacional en este campo. Debería pensarse que el enunciado busca aumentarle las exigencias a Telefónica y Claro en sus futuros servicios DTH; deberán salir de su ‘core’”.

   “Tal como adelantó en su momento Convergencia, el Enacom se reciclaría en la Agencia Federal de Comunicaciones Convergentes (ACC), un ente con carácter autárquico, que tendrá un directorio integrado por un presidente y tres directores nombrados por el Poder Ejecutivo nacional, y tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento. Es decir, se mantiene el control del Poder Ejecutivo sobre la autoridad de aplicación.

   “La iniciativa habilita la televisión satelital, garantiza la neutralidad de la red (aunque permite realizar gestión de tráfico en determinados casos), y obliga a la desagregación del bucle local. Los capítulos dedicados a servicios satelitales, servicio universal, espectro y despliegue de infraestructura están en línea con las acciones de los últimos dos años”.

   “Para consultar el proyecto: Anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes”.