Contra la libertad de expresión

 

Barcelona revista

COMUNA advierte que un fallo contra la revista “Barcelona” empeora las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión.

   COMUNICADORES DE LA ARGENTINA (COMUNA) denuncia que un fallo judicial que condena a los editores de la revista Barcelona a indemnizar a la dirigente ultraderechista Cecilia Pando por una publicación que consideró agraviante es un elemento más que contribuye al deterioro creciente de las condiciones para la vigencia de la libertad de expresión en la Argentina.

   Pando, quien encabezó reiteradamente manifestaciones y acciones públicas de reivindicación de los crímenes de la dictadura cívico-militar, y que en tal condición asistió frecuentemente a espacios mediáticos, no fue considerada una persona pública por la jueza interviniente, en uno de los aspectos más extravagantes del fallo.

   La dirigente que reivindicó más de una vez los crímenes de los genocidas, se encadenó el 4 de agosto de 2010 a las rejas del Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa, con el propósito evidente de llamar la atención pública hacia su postura habitual de rechazo al accionar de la Justicia por los crímenes del Terrorismo de Estado.

   Barcelona, en el tono satírico que la define y que caracteriza a todas sus ediciones, publicó en portada un fotomontaje, el cuerpo desnudo de una mujer aunque con el rostro de Pando, con leyendas tales como “Apropiate de esta bebota”, “Las chicas quieren guerra antisubversiva” y “Cadenas, humillación y golpes (de Estado)”.

   La dirigente, que además preside una asociación de familiares de represores, a quienes llama “presos políticos”, hizo un reclamo judicial por “daño moral”. La jueza Susana Novile, del Juzgado Civil 108 de Ciudad de Buenos Aires, adoptó la postura de la demandante y condenó a Editorial Gente Grossa SRL, que publica “Barcelona”, a pagarle 40 mil pesos a la demandante, además de costas por 16.500 pesos.

   Una acordada de la Corte Suprema de Justicia anterior a este caso estableció que en este tipo de juicios, con reclamos de resarcimientos por 50 mil pesos o menos, los juicios no son apelables, basándose en el artículo 242 del Código Procesal Civil. Pando había reclamado 70 mil pesos, pero la jueza parece haber cuidado el detalle de bajar el monto para liquidar el pleito a favor de la dirigente ultraderechista.

   Para sostener su decisión, la jueza pone en juego el uso del cuerpo de una mujer en el fotomontaje, y luego dice creer que Pando no es netamente una figura pública, sino “una persona privada con actuación pública”. Rechazó así el argumento de la defensa de la publicación, cuando sostuvo que “la actora es una figura pública y por demás provocadora que toma la defensa de los militares argentinos genocidas durante la última dictadura militar (1976-1983) y realiza actos públicos a fin de exponer su punto de vista y consecuentemente no sólo expone sus ideas sino también su figura física”.

   La amenaza a la libertad de expresión no se circunscribe a “Barcelona” y queda planteada hacia el futuro, puesto que la jueza opina que la revista actuó “irresponsablemente”, a lo que agrega otros parámetros de la más rotunda discrecionalidad, cuando habla de la necesidad de una práctica periodística “veraz” y “prudente”.

   La arbitrariedad es todavía mayor cuando Novile acepta que “Barcelona” es una revista satírica, pero aún así resuelve que “la foto y las frases allí colocadas exceden un tono sarcástico y burlón y hacen una exposición exagerada de la accionante”.

   Todas estas interpretaciones pueden aplicarse a centenares de publicaciones en la Argentina y cualquier otro lugar del mundo: sólo depende del talante o los intereses que el juez interviniente quiera defender.

   Gracias a la discrecionalidad no se alcanzó en la Argentina la aplicación cabal de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya que algunos jueces la bloquearon en función de responder a los intereses del Grupo Clarín, antes y después de que la Corte Suprema de Justicia declarara la constitucionalidad plena de la norma.

   También en esos casos, varios fallos privilegiaron los intereses privados por encima del interés público inherente a la comunicación. Esta suma de decisiones contrarias a lo dispuesto en la ley permitió a Clarín llegar al nuevo período gubernamental sin cumplir los parámetros de desconcentración. El gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2015, por cuyo triunfo electoral los medios del grupo tanto trabajaron, pagó los favores dándole al grupo la posibilidad de ampliar aún más su posición dominante.

                                                                                                                                                    Buenos Aires, 9 de mayo de 2016