Reconocimiento de la OEA a la Defensoría del Público

 

La promoción de la equidad de género en la radio y televisión que realiza la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, uno de los organismos creados por la Ley 26.522, fue reconocida por la Organización de Estados Americanos (OEA).

   La Oficina para la Gestión Pública Efectiva de la organización interamericana premió a la Defensoría, a la que seleccionó por su trabajo entre 150 instituciones de 15 países americanos.

   El “Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva” fue recibido en Cancún, México, durante la 47ma. Asamblea General de la OEA, por María José Guembe, titular a cargo del organismo argentino, acompañada por Romina Coluccio, quien coordina actividades de capacitación sobre la equidad de géneros en los servicios audiovisuales.

   El premio reconoce la labor de la Defensoría prevista por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que se conformó en noviembre de 2012, cuando el Congreso Nacional designó defensora a la periodista Cynthia Ottaviano, quien puso en marcha acciones en defensa de los derechos de las audiencias, inéditas en el país.

   El mandato de Ottaviano venció en noviembre de 2016, como establece la norma. La Comisión Bicameral responsable de la designación no sesionó desde entonces para renovar el mandato ni para designar nuevo defensor o defensora. Tras provocar la acefalía, el organismo  legislativo delegó funciones administrativas y operativas en Guembe, directora de Protección de Derechos.

   La acefalía transcurre mientras el gobierno que asumió en diciembre de 2015 adoptó una serie de medidas por decreto, usurpando facultades legislativas, para desvirtuar aspectos centrales de la Ley 26.522, entre ellos los parámetros que limitan la concentración por una misma empresa de radios y canales de televisión, en beneficio directo del grupo Clarín, al que además permitió aumentar su posición dominante en el negocio de la TV paga.

   Por la misma vía, el gobierno de Macri paralizó o desarticuló los organismos plurales, multisectoriales y federales previstos en la Ley 26.522 para gestionar el sector audiovisual, y concentró todas las decisiones en una nueva institución, el Ente Nacional de Comunicaciones, donde además se autoadjudicó una mayoría automática.

   Tras recibir el premio en Cancún, Guembe declaró que “sería de gran valor que la OEA promoviera la elaboración de directrices de tratamiento respetuoso de los derechos humanos en los medios audiovisuales”.

   La discriminación y la violencia de género constituyen uno de los problemas endémicos en los medios de comunicación argentinos, en los contenidos informativos, de entretenimiento, en la ficción y la publicidad. Esta situación, de profunda gravedad, motiva frecuentemente quejas y reclamos de las audiencias, ante la Defensoría del Público y otras instituciones.

   La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, uno de los organismos creados por la ley y que fue disuelto por decreto, llevaba adelante un Observatorio de la Discriminación que fue desarticulado por la gestión macrista.